Pilar de Lara rompió este miércoles su silencio tras conocerse la sanción que le ha impuesto la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial de siete meses y un día de inhabilitación fruto del colapso estructural en que se encuentra su juzgado, y por la que perderá su plaza de titular de Instrucción Número 1 de Lugo. Para la juez, su sanción es «un poco desproporcionada», aunque evitó entrar en más honduras, dado que todavía no ha recibido la notificación de la misma y la argumentación usada por los magistrados de la comisión para imponerla.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos de los juzgados de Lugo —donde acudía como testigo a un juicio por las agresiones e insultos que un investigado en la «trama Pokemon» y su madre profirieron contra ella y un grupo de amigos en un bar una noche del año 2013—, la juez no quiso polemizar ni con la comisión disciplinaria ni con el Consejo General del Poder Judicial, cuyo pleno será quien resuelva el recurso contra la sanción impuesta. «Supongo que la comisión ha obrado de acuerdo a su conciencia y jurídicamente», dijo, y aclaró que «en absoluto» cree que la intención última de la sanción sea apartarla de su juzgado.
«No puedo afirmar que sea así ni quiero pensarlo, porque estaríamos hablando que pudieran existir otro tipo de factores», insinuó. Por último, rogó al pleno del Consejo que «lean y contrasten» el expediente de la sanción con las alegaciones que su abogado presentó en su momento. «Solo pido que lean con detenimiento».
Pero la prudencia hacia el CGPJ se tornó en reproche hacia el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, del que dijo que «tienen no uno, ni dos, ni tres, varios escritos dando constancia de la situación de absoluta desesperación en la que nos encontrábamos» en el juzgado por una supuesta falta de medios técnicos y humanos. «Solo pusieron un funcionario de refuerzo de los cuatro que solicitaba el servicio de inspección, hubo problemas de bajas que no se cubrieron o se cubrieron tarde», y luego cuando llegaron esos refuerzos «era personal que tenía mucha voluntad pero no tenían ni la cualificación ni la experiencia profesional que es necesaria para este tipo de asuntos» y la situación de su juzgado «sobrepasó totalmente».
Además, con voz temblorosa, achacó al TSXG que «tienen igualmente escritos de la situación de desasosiego que he venido sufriendo a lo largo de bastantes años, relatando situaciones como «guardaespaldas para mi hija y yo durante dos años», «pintadas» contra su marido, «insultos en foros de guardias civiles» o «ataques por parte de algún investigado», como el que se juzgaba este miércoles.
Este caso se zanjó con un acuerdo de conformidad entre los dos acusados y las víctimas de la agresión. El empresario Miguel García Gesto y su madre aceptaron una pena de seis meses de cárcel, conmutable con una multa de 3.600 euros cada uno, así como leves indemnizaciones económicas por las lesiones a los acompañantes de la juez en el momento de los hechos.
