La Junta exige para Berkeley «tener en cuenta la norma antes que la ideología»
Eso sí, ha sido firme a la hora de reclamar que tanto en este proyecto como en otros «se debe garantizar el estricto cumplimiento de la normativa» y «nadie debe salirse» de él. «Es lo que se hace» desde la Junta de Castilla y León, independientemente de que los proyectos «nos parezcan más o menos atractivos», ha defendido. «Yo no apruebo ni desapruebo una actividad económico u otra», ha dicho.
Sin asegurar expresamente si considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se está ciñendo a la norma en este asunto, Marcos sí ha cuestionado que «lo que no estoy viendo es si realmente» la decisión que se vaya a tomar a nivel nacional «va a ir vinculada solamente al cumplimiento» de la ley y de los diversos informes técnicos que ya han emitido distintas administraciones. «Espero que así sea», ha confiado la portavoz, tras mostrar sus recelos al respecto. «Lo que quiero es estar tranquilla sabiendo que la administración central va a garantizar la normativa», ha incidido Marcos. Pues, ha censurado, no sólo el proyecto de la mina de uranio, sino también otras actividades «se están demonizando». «Y con eso lo único que vamos a conseguir es que no haya actividad económica en nuestros pueblos», ha lamentado la portavoz de la Junta.
La consejera ha advertido de que «desde luego, no se entendería bajo ningún concepto que la norma se pueda someter a la demagogia y al voluntarismo». Lo importante, ha recalcado, es que haya unas «garantías» tanto para esta actividad económica como para «cualquier otra». De lo contrario, ha aadvertido, «los empresarios dejarán de plantear proyectos» tanto en Castilla y León como en el conjunto de España. «Si en lugar de saber que hay unas normas y se cumplen, nos sometemos a los caprichos de a quien en cada momento nos pueda parecer mejor o peor, tendremos problemas. También a nivel nacional», alertó. Y es que, ga apuntado, también hay «otras empresas» en el territorio español «afectadas por la inseguridad que se está generando en el ámbito nacional».
«Tener garantías»
«La seguridad la tienen que dar las administraciones públicas», pues «estamos para cumplir las normas y no para hacer que las normas se interpreten como a nosotros nos parece», ha subrayado la portavoz de la Junta, para quien «es cierto que hablar de estabilidad en este momento, tal y como estamos viendo en el Gobierno central, es muy complicado». Aún así, incidió en reclamar que «cuando menos» lo que debe haber es una «garantía» de que se cumple con la normativa. Y es que, ha aseverado la consejera, «es muy importante» que el atenerse a la «norma antes de la ideología». «Sobre todo, es seguridad para los ciudadanos, seguridad para las empresas, seguridad para los autónomos, que ponen su negocio en el medio rural» y «tienen que tener una garantía y una estabilidad», demandó la portavoz del Ejecutivo castellano y leonés tras esas informaciones que apunta a que el Gobierno no autorizará el proyecto de la mina de Berkeley en Retortillo, sin haber leído aún el informe que debe emitir el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que aún no está listo.
La firma de origen australiano y con sede británica lleva trabajando en el proyecto desde hace cinco años. Un lustro marcado también por la polémica y el desacuerdo con la mina de uranio que proyecta en la localidad salmantina por parte de diversos colectivos y asociaciones ecologistas. La idea de Berkeley Energía, compañía especializada en el sector de la minería, es comenzar a producir uranio a finales de 2019, aunque aún no tiene los permisos para hacerlo. Sus cálculos hablan de una inversión de 250 millones de euros y la generación de 450 puestos de trabajo directos.