El Gobierno quiere pasar de 8.600 a 5 millones de coches eléctricos en España en una década
Según Domínguez, que inauguró el Congreso Nacional de Energías Renovables de la Asociación Empresarial de Energías Renovables, APPA, esta previsión quedará reflejada en el futuro Plan Nacional de Energía y Clima, que se enviará a la CE antes de que acabe el año, y el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, informa Efe.
La previsión es muy superior a la estimación actual de la Comisión Europea. El comisario de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, calculó a principios de mes en un foro en Madrid convocado por Nissan que, debido a los nuevos objetivos de emisiones para los fabricantes, el parque crecerá hasta los 280.000 eléctricos en 2030, frente a los 8.645 de 2017, y de 7.000 vehículos híbridos enchufables se pasará a 2 millones de unidades.
En el conjunto del año pasado, los vehículos eléctricos puros crecieron un 82% respecto a 2016. En conjunto con los híbridos enchufables, las ventas fueron de 64.000 unidades, un 80% más.
En el mismo foro de movilidad de Nissan, Mario Armero, vicepresidente de la patronal de los fabricantes de vehículos, Anfac, aseguró que para que España no pierda su peso como segundo productor en automóviles en Europa, necesita incrementar la fabricación del vehículo eléctrico alcanzando al menos las 500.000 unidades de turismos producidas al año para el año 2030. Esta cantidad es consecuencia de plantear un escenario en el que, para 2030, el vehículo eléctrico tenga una cuota de mercado del 30% en los países de la Unión Europea.
Fin del gestor de carga
Ayer jueves la mayoría de la Cámara convalidó el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que entre otras medidas contempla la eliminación de la figura del gestor de carga.
La votación supuso el final definitivo de una iniciativa que, aunque buscaba fomentar el surgimiento de puntos de recarga en nuestro país, en la práctica era tan restrictiva que los limitaba.
Esta figura, aprobada en 2011 en el marco de la Ley del Sector Eléctrico, obliga a aquel que quisiera vender electricidad a darse de alta como tal. Ello implicaba que, si por ejemplo, un supermercado quiere ofrecer energía a sus clientes mientras hacen la compra, tuviera que constituirse también como empresa habilitada para la venta de electricidad.
En el texto legal, se incide en que «se ha revelado como excesivamente rígida y desincentivadora de la actividad». También se destaca que «esta supresión no supondrá en ningún caso una merma de la seguridad de las instalaciones, que deberán cumplir con la normativa correspondiente en el ámbito de la seguridad industrial y de las que se llevará un registro de la información para el seguimiento de la actividad por las Administraciones».
Base de datos informática
Además, el Real-Decreto contempla que la ubicación de las instalaciones de recarga «esté disponible a través de medios electrónicos para todos los ciudadanos y se integrará en el futuro en el punto de acceso único, armonizando la información con la del resto de países de la Unión Europea, creando una gran base de datos de información sobre la ubicación y características de los puntos de recarga públicos».
Junto con la ineficiencia de los planes de ayuda desarrollados hasta ahora, irregulares y muy espaciados en el tiempo, la eliminación de la figura del gestor de carga era una reclamación histórica del sector. «Es un sistema único de España, y no funciona», resumía a ABC Ivan Segal, director general de Renault España y Portugal, durante el pasado Salón de París.
Por su parte, Anfac, la patronal de los fabricantes de vehículos, consideró su eliminación «un paso importante para facilitar el despliegue de las infraestructuras de recarga para los vehículos eléctricos y avanzar de este modo en el objetivo compartido de una movilidad cero y bajas emisiones», según un comunicado emitido tras su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 9 de octubre.
Respecto a la intermitencia de los planes de ayuda, el Ejecutivo tiene previsto destinar unos 200 millones de euros para impulsar la compra de eléctricos e híbridos, en el marco del denominado Plan Renove 2020. Esta cantidad procederá de la subida impositiva al diésel, cuyo nivel de gravámen se equiparará al litro de gasolina.
La medida procede del acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Podemos. El pacto contempla destinar «al menos el 30%» de lo recaudado por este alza a un plan de ayudas económicas «estables e ininterrumpidas hasta el año 2020». Una subida que tendrá un impacto total de 670 millones de euros, y supondrá un incremento medio del precio del depósito de 3,3 euros para el usuario medio, según cálculos del ministerio de Hacienda.