Guarderías públicas gratis para 32.000 niños el próximo curso
Los presupuestos del próximo año saldrán adelante con el apoyo de la formación naranja, una vez más. Hasta ahora todo lo que se sabía es que la negociación iba por buen camino, pero ayer Ciudadanos forzó al Gobierno de Ángel Garrido a pronunciarse públicamente sobre una de las tres exigencias que había puesto sobre la mesa para apoyar las cuentas del próximo año: la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años. Y lo hizo presentando una proposición no de ley en la que se especificaba que esa gratuidad sería sólo para las escuelas infantiles pertenecientes a la red pública de la Comunidad de Madrid «para ayudar a las familias e impulsar la conciliación». Y que la medida entraría en vigor el próximo curso.
Los populares dieron el «sí», siempre y cuando la medida no costara más de 35 millones, lo que siempre han mantenido. Fue acabar el pleno y el portavoz de la formación naranja, Ignacio Aguado, salía del hemiciclo haciendo declaraciones a los medios dando pistas del avance hacia el acuerdo: «Ha sido un día importante, lo acordado nos acerca a tener un acuerdo definitivo sobre los presupuestos... Hemos conseguido que el PP rectifique».
Y por si quedaba alguna duda sobre la marcha de la negociación presupuestaria, el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, aclaraba al término de la sesión plenaria en la tarde de ayer: «Me ha llegado que va por buen camino...».
¿En qué se traduce esta escenificación? El acuerdo de ayer en la Asamblea permitirá que 31.976 niños de cero a tres años se escolaricen de manera gratuita en escuelas infantiles de titularidad pública.
La medida afectará a la escolarización (no cubrirá los gastos de comedor) en un total de 396 escuelas infantiles y casas de niños de la red pública de la Comunidad de Madrid, pero no a los 45 centros privados en convenio con la Comunidad, que dispone de 3.346 plazas para menores. Entre otras cosas porque la medida costaría más de los 35 millones que la formación naranja había presupuestado en un principio. Porque el Gobierno de Ángel Garrido ya había advertido de que universalizar la medida costaría 350 millones. De ahí que la portavoz de Educación del PP en la Asamblea, María Isabel Redondo, echara en cara a la formación que dirige Ignacio Aguado la evolución de la propuesta que presentó: «Primero exigieron que la gratuidad fuera para todos y, después, acabaron pidiendo la medida para los centros públicos» al percatarse de que los 35 millones que proponían eran insuficientes. «Poco a poco y suavemente han ido acotando el impacto de la medida sin rebajar el anuncio. Nosotros seguimos en la misma posición de siempre: si lo que pretende Ciudadanos cuesta 35 millones, aquí está nuestro voto». Por eso les reprochó que no controlen ni el presupuesto ni el “pequeño” detalle de que una cifra tenga un cero más o menos», dijo con ironía. Así que «vamos a votar a favor porque es bueno todo lo que sea avanzar en beneficio de las familias... Pero que quede claro que somos impermeables a sus exigencias o coacciones... Tienen la costumbre de amagar con boicotear todo aquello que no sea darles la razón», dijo molesta la diputada popular. La portavoz de Ciudadanos, Mayte de la Iglesia, defendió la medida impulsada por la formación naranja como «una ayuda importante para que las familias puedan conciliar». Y no sólo eso, recurrió a estudios internacionales para defender que la escolarización en este tramo de edad, a pesar de no ser obligatoria, es importante para el desarrollo cognitivo del niño lo que, en el futuro determina el éxito escolar. Y es que a esta edad «si hacemos un retrato robot de quién está escolarizado, lo están aquellos que sus padres tienen una renta media y no lo están aquellos cuyos progenitores tienen bajo nivel educativo, con lo que nuestra medida contribuye a acabar con la brecha de la desigualdad porque esta educación es un lujo que muchos no se pueden permitir».
Es más, trató de convencer a los diputados de que apoyaran su iniciativa con el argumento del «ahorro» en gasto social que producirá la medida de cara al futuro. Y es que la diferencia en conocimientos entre un alumno de origen extranjero que ha llegado a España antes de los seis años y se ha escolarizado con respecto a otro que no lo ha hecho es el equivalente a un curso académico. Muchos de éstos se ven abocados al fracaso escolar con lo que, si se escolarizan antes, «no invertimos tanto dinero en repeticiones de curso».
La diputada del PSOE, Isabel Andaluz, dejó claro que los socialistas están de acuerdo en extender la gratuidad de la educación infantil, pero echó en cara a la formación naranja «la ligereza con la que afronta la cuestión. Esta propuesta es electoralista y está hecha con prisas, no hagan demagogia». Por eso, su grupo decidió abstenerse al considerar que la iniciativa obedecía a una «pelea» entre PP y Cs, a los que instó a «resolver en privado».
El portavoz de Podemos, Miguel Ardanuy, vio en la propuesta de Cs su «primer acto electoral». Puso como ejemplo la política que ha seguido el Ayuntamiento en esta materia y desconfió de la forma en que se vaya a financiar la medida. «¿Cómo van a hacerlo? No queda otra que con impuestos o recortes o que sea una estrategia electoral y estén engañando a la gente...Me queda sólo darles un aplauso por tan poca vergüenza», concluyó el portavoz de Podemos.
Las otras medidas que exige Cs para apoyar al Gobierno de Garrido son: más plazas para residencias de mayores y «tarifa cero» para autónomos.