El PP pide otro juicio de «Gürtel» con jueces «sin apariencia de parcialidad»
El Partido Popular recurrió ayer la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el «caso Gürtel» que le condenó como responsable a título lucrativo por haberse beneficiado de actos electorales en las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda que fueron sufragados por el grupo empresarial de Francisco Correa y se le obligaba a pagar 111.864,32 euros por los primeros y otros 133.628,48 por los realizados en el segundo de esos municipios. En el recurso del PP, al que ha tenido acceso íntegro LA RAZÓN, se pide al Supremo que le absuelva de ese delito o que se repita el juicio con un tribunal «sin apariencia de parcialidad»; y de forma subsidiaria que se restituya la causa para que la Sala dicte una sentencia donde los hechos probados no incurran en «indeterminación o contradicción».
En el recurso, además de rechazar todas las imputaciones, el PP denuncia que ha sufrido «un auténtico juicio paralelo carente de toda garantía y de toda justificación», a la vez que pone de manifiesto como un hecho de «gravedad difícil de exagerar, que a un responsable civil –que era la cualidad en la que estaba en el proceso– «se le atribuyan en la sentencia supuestas conductas delictivas que no se están enjuiciando y que ni siquiera se están considerando a efectos de generadoras de daños indemnizables».
Relacionado con ello, el PP «señala» a uno de los componentes del tribunal que le condenó, José Ricardo de Prada, a quien ya antes de la sentencia se cuestionó la «suficiente imparcialidad subjetiva», por su «conocida amistad» con Baltasar Garzón, quien fue diputado y secretario de Estado por el PSOE e instructor de esta causa, cuya valided cuestionaron varios de los acusados. Además, alude igualmente a que De Prada ha sido nombrado ahora por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como uno de los cuatro miembros externos de la Comisión para Restablecer la Justicia Universal. Y aquí viene la consideración de todo ello: «Constituye un hecho notorio que las improcedentes afirmaciones de la sentencia que recurrimos sobre la supuesta actuación del Partido Popular han tenido una enorme trascendencia política y que han coadyuvado en no poca medida a un cambio de Gobierno en favor del PSOE».
De esta forma, considera el PP que se han vulnerado sus derechos al honor, a la tutela judicial efectiva sin indefensión, a un proceso «con la garantía de imparcialidad judicial» y a la presunción de inocencia, motivos por los que pide que se repita el juicio «por un tribunal sin apariencia de imparcialidad». Además, sostiene que el haber llamado al PP como responsable civil es una prueba más de que el tribunal «se erigió en parte, perdió su imparcialidad o apariencia de parcialidad», toda vez que no tenía facultades para citarles en esa condición,
Uno de los aspectos destacados del recurso alude a negar de forma categórica que el PP se financiara o sufragara las campañas municipales de 2003 en Pozuelo y Majadahonda de forma irregular, y, por tanto, que no obtuvo «beneficio alguno». De hecho, se esgrime que esos comicios locales el PP obtuvo una representación equivalente «a la percepción de la subvención estatal de 19.170.734,63 euros, casi 300.000 euros más del dinero gastado en las campañas a las que respondía esa subvención», por lo que «no puede sostenerse que el Partido Popular necesitara aportaciones ni que se beneficiara de ellas». Además, los actos electorales a los que se alude en la sentencia de la Audiencia, «no eran actos del PP por la sencilla razón de que no eran actos encargados por nadie del partido con poder para autorizarlo» y porque esos actos «caen fuera del período electoral».
La conclusión del PP es rotunda: «No hubo enriquecimiento injusto porque no hubo enriquecimiento».