La incorporación de 3.264 profesores abona el terreno para el adelanto electoral
La posibilidad de un adelanto electoral en Andalucía se hace cada vez más evidente, a tenor de los discursos políticos y de las decisiones que va tomando el Ejecutivo autonómico. Ayer, el Consejo de Gobierno de la Junta abonó esta hipótesis, de la que ya hablan abiertamente los líderes de todos los partidos, al acordar ampliar en 3.264 plazas la plantilla docente el próximo curso, con el objetivo de «recuperar los derechos perdidos por este colectivo durante la crisis económica», tal y como apuntó el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco. De esta manera, la Junta contenta así a un colectivo, los docentes públicos, que ha venido obteniendo mejoras laborales en los últimos meses y que está integrado por un número nada desdeñable de profesionales de cara a una próxima convocatoria electoral: algo más de 100.000 personas.
Esta decisión se toma como consecuencia de la reducción del horario lectivo a 18 horas semanales, según subrayó Blanco, lo que se traduce en un incremento de 2.339 plazas de profesorado en Educación Secundaria y 365 en Formación Profesional. A ello se suman las 500 de nueva creación en Educación Primaria, que tendrá continuidad en los dos siguientes cursos hasta alcanzar 1.300, destinadas a reforzar la atención a la diversidad y al alumnado con necesidades educativas especiales.
De esta manera, apuntó Blanco, la consolidación de la plantilla pública docente «refuerza la línea de recuperación iniciada el pasado curso», en el que se crearon 2.676 plazas, con un crecimiento total de 5.940 en los dos últimos.
Esta dotación de plazas es independiente de la reciente oferta de empleo público docente, cuyas pruebas ya se han realizado. Se trata de 5.404 plazas. En concreto, 4.229 para Enseñanza Secundaria, 832 para Formación Profesional, 92 para Escuelas Oficiales de Idiomas, 154 para profesores de Artes Plásticas y Diseño, 14 para maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y 83 para catedráticos de Música y Artes Escénicas. La consejera de Educación, Sonia Gaya, ya destacó que se trata de «la mayor convocatoria de empleo público docente este año en España».
Esta ampliación de la plantilla docente ahonda en las mejoras que han venido obteniendo los empleados públicos y que quedaron fijadas en el acuerdo alcanzado entre la Junta y los sindicatos el pasado día 13 en el seno de la Mesa General. Un documento –suscrito con CC OO, UGT y CSIF– que se deriva del II Acuerdo Gobierno-Sindicatos al que llegaron el anterior Gobierno del PP y los sindicatos a nivel nacional el 9 de marzo, antes de la aprobación de los Presupuestos. Uno de los puntos más significativos del acuerdo es la subida salarial de un 1,75 por ciento que los 270.000 empleados públicos percibirán desde la nómina de julio con carácter retroactivo: un 1,50 por ciento más un 0,25 ligado al cumplimiento del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,1 por ciento en 2017. La subida oscilará entre el 7,25 por ciento y el 8,79 en el horizonte 2020.
Igualmente, se amplía la tasa de reposición del 100 por ciento a todos los sectores, sumándose un 8 por ciento adicional para el refuerzo de las plantillas. Un extremo que el acuerdo nacional contempla en aquellas administraciones que hayan cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda y regla de gasto, como es el caso de la comunidad andaluza.
La jornada de 35 horas semanales fue un motivo de confrontación con el anterior Gobierno del PP, que incluso recurrió la medida ante el Tribunal Constitucional, y que ahora se recupera. El Ejecutivo central, no obstante, estableció una jornada general de 37,5 horas, pero cada administración pública, previa negociación colectiva, podía establecer «otras jornadas ordinarias de trabajo» siempre que cumpliera en el ejercicio anterior con los objetivos de estabilidad presupuestaria, duda pública y regla de gasto.
Sin embargo, las traslación del acuerdo nacional al ámbito andaluz incluye algunas medidas propias vinculadas a la conciliación de la vida familiar y laboral. Por ejemplo, un permiso de paternidad «personal e intransferible» de cinco semanas en 2018, que llegará a las 10 semanas en 2019 y a las 20 en 2020. El Ejecutivo andaluz estima que un total de 4.000 progenitores se podrán beneficiar de la medida anualmente. También la reducción de jornada para el personal que se incorpore tras un tratamiento de quimioterapia.