Oriol Pujol acepta dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones en el caso ITV
El exdirigente de CDC Oriol Pujol ha aceptado este martes ante la Audiencia de Barcelona una condena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones ilegales de empresarios afines del sector de las ITV, lo que le he evitado ser juzgado por un tribunal popular.
En un trámite de apenas diez minutos, Pujol y los otros cinco acusados por la trama corrupta de las ITV, entre ellos su esposa, Anna Vidal, han ratificado ante la magistrada de la Audiencia Carmen Zabalegui el acuerdo que alcanzaron con la Fiscalía Anticorrupción, que les rebajó las penas una vez asumieron el pago de "mordidas" a cambio de favores políticos.
El acuerdo ha evitado que el caso sea juzgado por un tribunal popular, que ni siquiera se ha tenido que constituir, una vez los acusados han ratificado, uno por uno y sin añadir más a un lacónico "sí", el pacto que firmaron con la Fiscalía ante la magistrada que debía presidir el jurado popular.
La juez ha dejado el caso visto para sentencia y está previsto que, una vez haya dictado la condena, convoque una vista en la que las partes se pronuncien sobre la ejecución de la misma, aunque Xavier Melero, abogado de Oriol Pujol, ha anunciado ya este martes que pedirá que se suspenda la pena de cárcel para su cliente.
La defensa pretende solicitar la suspensión de la pena de prisión invocando la última reforma del Código Penal, que le permitiría eludir la cárcel al no superar los dos años la pena de ninguno de los tres delitos de su condena: uno y medio el de falsedad, ocho meses el de cohecho y cinco meses el de tráfico de influencias.
Sin embargo, en la vista ante la juez de instrucción en la que se fraguó hace un año el pacto, el fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado ya anunció que pediría el ingreso en prisión del exdirigente y exdiputado de CDC, que con su condena queda inhabilitado para ejercer cualquier empleo o cargo público durante dos años.
Oriol Pujol, único hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol que se dedicó a la política hasta que dimitió asediado por los casos de presunta corrupción que involucraban a él y a su familia, también permanece investigado en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por la fortuna del clan oculta en Andorra.
El político convergente, que se ha conformado además con una multa de 76.000 euros, ha asumido los delitos de cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias, por haber cobrado comisiones ilegales a cambio de favorecer a los empresarios investigados en varias operaciones mercantiles, en las que llegó a facilitarles el acceso al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Entre las operaciones en que Pujol reconoce haber intervenido a favor de los empresarios afines, entre los años 2011 y 2012, figura la reconversión industrial de Sharp en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y la deslocalización de la compañía Yamaha.
Pujol reconoce que cobró 443.660 euros en "mordidas" a través de las facturas por trabajos inexistentes que su esposa Anna Vidal giraba a su amigo íntimo, el empresario Sergio Alsina, en una trama en la que intermedió el exnúmero dos de la Diputación de Barcelona y excargo de CDC Josep Tous, quien ha aceptado cinco meses de cárcel sustituibles por una multa de 22.500 euros.
El acuerdo formalizado este martes ante la Audiencia de Barcelona incluye además una condena de dos años de cárcel para Sergi Alsina, amigo íntimo de Oriol Pujol, y penas de cárcel sustituibles por una multa de 83.210 euros para Anna Vidal.
Los empresarios Ricard Puignou y Sergi Pastor, por su parte, aceptan penas de cinco meses sustituibles por multas de 60.000 euros, por delitos de cohecho y tráfico de influencias.
La sentencia, que la juez ha anunciado que dictará siguiendo los términos del pacto ratificado este martes, incluirá el decomiso de 333.838 euros a todos los acusados por las comisiones ilegales pagadas.
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