La investigación de ABC ha salvado el galeón San José de los cazatesoros en Colombia
La decisión del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de suspender indefinidamente su polémico proyecto para rescatar el tesoro del galeón San José, es la conclusión de un proceso lleno de zonas oscuras que ha ido iluminando una investigación puesta en marcha por ABC. Este periódico ha puesto en evidencia, durante los últimos meses, los planes de reparto del patrimonio asociado a esta nave española naufragada en 1708 mientras combatía contra una escuadra inglesa comandada por Charles Wager.
A pesar del secreto de Estado decretado alrededor del proyecto de Santos, la comunidad científica colombiana e iberoamericana ha alzado la voz contra el daño de un rescate como el planeado, en menos de seis meses, a un yacimiento tan importante del patrimonio común y la historia compartida, que puede albergar más de dos millones de objetos. Ese ritmo de extracción, decían los expertos a ABC, «no es arqueología, sino un crimen».
En una comparecencia a primera hora de la mañana, hora colombiana, en la que dominaban los trajes y tonos oscuros -y que contrasta con el anuncio del hallazgo del galeón en 2015, cuando la indumentaria era de radiante blanco-, Santos explicó con giros retóricos los puntos que considera positivos del proyecto, como el conocimiento adquirido, e insistió en el hecho de que se habían planeado las inversiones necesarias para una operación tan cara «a coste cero para el Estado colombiano», pero sin mencionar la entrega a los rescatadores de la mitad del contenido del galeón y la explotación de futuro museo proyectado en Cartagena de Indias.
Investigación periodística
Esa empresa, elegida y mantenida por Santos en secreto durante los dos años y medio en los que se elaboró el contrato a medida de sus intenciones, era Maritime Archaeology Consultants Switzerland (MACS). La investigación de ABC reveló que su cuerpo directivo integraba conocidos cazatesoros que habían mentido sobre su currículum, que estaba controlada desde un paraíso fiscal como son las Islas Caimán y que sus socios eran los miembros de una trama financiera que se vio salpicada por una millonaria evasión de impuestos en 2012 en Gran Bretaña. Todo ello incompatible con el anuncio inicial de que Colombia juntaría a un «dream team» científico y con la transparencia debida en un proyecto de Estado tan importante como este.
En la comparecencia de ayer, anunciada por sorpresa a dos semanas de entregar el poder al presidente electo, Iván Duque, y bajo la presión que suponía la inminente sentencia judicial del Tribunal Superior de Cundinamarca sobre una acción popular contra el proyecto, Santos defendió que «este es un logro que me hubiera gustado dejar firmado al término de mi gobierno». Sobre los ciudadanos que han puesto en marcha la acción popular dijo que «se dice que son ciudadanos preocupados, pero aquí hay muchos intereses y estos ciudadanos han dilatado este proceso».
Por ello, en el mismo día en que debía homologarse a la empresa MACS para adjudicarse el rescate del galeón, ante la falta de sentencia, Santos dijo que «por respeto a las decisiones judiciales he tomado la decisión de suspender los términos del proceso en curso». Para el presidente ello significa su «compromiso con el patrimonio, con las leyes colombianas y con la historia».
El proyecto llamado «originador» que dio inicio a todo lo presentó el cazatesoros Roger Dooley al Ministerio de Cultura de Colombia en enero de 2015. Se trataba de un mamotreto en el que más del 90% estaba dedicado al reparto de monedas, lingotes y joyas y solo unos pocos folios a la historia del galeón, pero en donde no se hablaba de planes arqueológicos. ¿Cómo lo aceptó Santos? La gravedad de ese papel «originador» fue trasladada al contrato de más de 600 folios que se hizo público en marzo de este año y que preveía pagar con los metales al peso, sin tener en cuenta su valor histórico o numistmático, lo cual suponía un «doble expolio» para los especialistas.
Por todo ello, ABC promovió en Madrid el simposio celebrado el pasado 11 de julio en el Museo Arqueológico Nacional, con ponentes de cinco países, en el que se puso en valor el patrimonio y la historia común.
Dos de esos ponentes han reaccionado a la noticia de ayer. El abogado José María Lancho, especializado en patrimonio subacuático y que ha investigado el caso, afirma que esta «es sin duda una de las mayores victorias sobre la industria internacional del expolio. Colombianos y españoles, y buena parte de la sociedad civil y académica hispánica (portugueses incluidos), han defendido la mejor versión del derecho internacional y de un sentido claro de responsabilidad común». En su opinión, sin embargo, «los restos del San José siguen en riesgo. Científicos y juristas de dos continentes hemos hablado de patrimonio común y compartido, y de que este caso no debía ser el antecedente legal que estaban buscando los cazatesoros para otros galeones. El San José tiene una historia que deben contar los científicos de ambas sociedades, desafío que no debe posponerse», concluye.
Por su parte, el profesor de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de Colombia, Antonio Rengifo, celebró la decisión y declaró a ABC que «la suspensión del proceso para el rescate del galeón San José, anunciada por el presidente Santos, debe abrir opciones al nuevo gobierno, para un enfoque más acorde con los tratados internacionales en materia de cultura, con las alternativas científicas que ofrece hoy la arqueología y, sobre todo, más en sintonia con la cooperación internacional».
Durante el simposio de ABC se decidió la creación de un Observatorio del Patrimonio Subacuático Común y Compartido para impulsar que esa cooperación se convierta en el modelo de gestión aplicado a los galeones.