Austria endurece el recorte de ayudas a los extranjeros
Los conservadores del primer ministro, Sebastian Kurz, gobiernan en coalición con la ultraderecha desde las elecciones parlamentarias de 2017. Ambos partidos pactaron una línea más dura hacia la inmigración y quieren utilizar los recortes de subsidios como medida de disuasión para que no se repitan crisis como la de 2015.
En marzo, el Tribunal Constitucional ya tumbó un plan local similar al ultimado por el Gobierno y que contempla para los solicitantes de ayuda el requisito de haber residido en Austria al menos cinco de los últimos seis años. El sistema también reducía los subsidios para refugiados durante un periodo inicial de cinco años.
El Ejecutivo ha desvelado este lunes una revisión de dichos planes y que plantea limitar el principal pago a los refugiados sin acompañantes a 563 euros al mes, aunque esta cantidad podría elevarse hasta los 863 euros -el montante contemplado para los austriacos- si los solicitantes aprueban un test de alemán.
«El elemento fundamental que introduciremos es que el alemán se convertirá en la clave para acceder a toda la ayuda mínima», ha explicado Kurz en rueda de prensa. «Esto significa que quienes no tengan suficiente dominio del idioma no podrán reclamar la ayuda mínima en su totalidad», ha añadido el primer ministro.
Pendientes del Tribunal Constitucional
La duda estriba en la posición que podría adoptar el Tribunal Constitucional, en la medida en que dicha corte ya ha sentenciado que los refugiados deben recibir un trato mejor al de otros extranjeros porque, por definición, no pueden volver a sus países de origen.
Kurz también se ha pronunciado sobre la posibilidad de que la nueva ley choque con los criterios fijados sobre Bruselas en materia de libertad de movimiento y ha alegado que este concepto «no consiste en la libertad para buscar el mejor sistema de ayudas sociales», por lo que ha considerado «un paso en la dirección correcta» el «periodo de espera» de cinco años para acceder a ciertos subsidios.
El primer ministro ha considerado «preocupante» que la mayoría de las personas que reciben la ayuda residan en Viena y que casi la mitad de ellas sean extranjeras. Sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre la legalidad de sus propuestas: «No somos el Tribunal Constitucional».