Acusan a la cúpula de una fundación de apropiarse de 8,4 millones de euros de enfermos con alzhéimer
Así, la Fiscalía acusa a Blanca C. (ya fallecida) y a su marido Rafael N. B. con una petición de 30 meses de prisión mientras que a un voluntario de la entidad (Juan A. F. D.) pide 21 meses de cárcel. Mientras, a la letrada de la Fundación (Mercedes D. M.) se reclama cinco años de presión y a otra voluntaria (Maria Eugenia J. L.) se solicita un año de cárcel por delito de falso testimonio. Ahora y tras formular su acusación, La Fiscalía está a la espera de que se fije fecha para la celebración del juicio por apropiación indebida.
El relato del Ministerio Público establece que el director de la Fundación Afal, constituida en 2006 por la Asociación Nacional del Alzheimer Afal Contigo y donde trabajaba la abogada acusada y presidía Blanca C. La Fiscalía considera que los acusados idearon «un plan para »expoliar« el patrimonio a las personas que tutelaban por nombramiento de un juzgado, en su mayoría ancianos con demencia.
Así, entre los tres se ocuparon de la gestión de los »grandes« patrimonios que tenían algunos de sus tutelados ya que vendían sus inmuebles, realizaban obras en los mismos y hasta les asesoraban en materia legal o fiscal »conscientes del perjuicio que originaban a los ancianos tutelados« y »despreciando las obligaciones derivadas de su función de tutor«. Mediante el »expolio« al que sometían a los ancianos lograban »sustraer buena parte de su patrimonio para incorporarlo bien al suyo propio a través de distintas sociedades bien al patrimonio de la Asociación Nacional del Alzheimer Afal Contigo o de la misma Fundación«.
Una residencia «lujo» en Paracuellos del Jarama
Todo ello para invertir posteriormente el dinero en la construcción del proyecto Villafal, una residencia »de lujo« para ancianos con Alzheimer situada en Paracuellos del Jarama, un negocio con el que los acusados »pensaban ganar grandes cantidades de dinero«. Dado que la Fundación era nombrada tutora de los ancianos –la mayoría con Alzheimer, sin familiares o »teniendo estos intereses contrapuestos«– los acusados estaban autorizados para manejar sus cuentas por lo que no tenían impedimento alguno para transferir capital a sus cuentas de la Asociación Afal Contigo, la Fundación Afal Futuro o a la mercantil T4L que formaba parte del grupo de empresas de Afal.
Estas transferencias »inconsentidas« o »injustificadas», según el fiscal, alcanzaron un importe de 8.422.090 euros «sin que conste en muchas ocasiones quién de ellos hacía las transferencias al efectuarse éstas por Internet, pero en todo caso de común acuerdo y consentimientos de los tres». La primera perjudicada fue incapacitada por sentencia judicial firme el 20 de diciembre de 2008 al tiempo que la Fundación Afal fue nombrada como su administradora. Entre el 18 de noviembre de 2013 y el 27 de diciembre de ese mismo año los acusados realizaron 24 transferencias por un importe de 50.000 euros cada una a una cuenta en la que aparecía como beneficiaria la Asociación Afal Contigo. Es decir, hicieron transferencias en favor de la Asociación por importe de 1.150.00 euros.
Desde otra cuenta realizaron otra transferencia «injustificada» a T4L por valor de 32.430 euros, e incluso efectuaron cargos injustificados a la misma mercantil desde una tercera cuenta aludiendo a la venta de un edificio por valor de 83.490 euros propiedad de la persona tutelada y cuya venta había sido encomendada a otra persona en exclusiva. En total, sumando otras dos transferencias injustificadas de 50.000 euros y de 193.921 euros la mercantil T4L consiguió tener en su cuenta corriente gracias a la anciana incapacitada otros 359.941 euros. La Fiscalía solicita por tanto que se le indemnice en concepto de responsabilidad civil con 1.509.841 euros.
El segundo perjudicado fue incapacitado judicialmente el 9 de diciembre de 2010. Entre el 30 de enero de 2013 y el 9 de enero de 2014 el tutelado recibió en su cuenta corriente de España cuatro trasferencias de una cuenta en Suiza de dinero que previamente se había regularizado fiscalmente por importe de 4.715.933 euros y otra por valor de 550.000 dólares americanos. Los acusados, por su parte, efectuaron un «vaciamiento patrimonial» de esa cuenta en favor otras cuentas cuyos beneficiarios eran Afal Contigo (1.842.000 euros), T4L (899.400 euros) o la constructora Fomento de Construcciones y Contratas (2.087.976 euros) porque era la empresa encargada de construir la residencia Villafal en Paracuellos del Jarama, sin que conste que conste que la empresa tuviera conocimiento del origen ilícito de tales pagos.
A una tercera afectada lograron expoliar 570.200 a través de transferencias realizadas a Afal Contigo (345.000 euros) y a T4L (234.200 euros), dinero que en su mayoría fue destinado por los acusados al pago de certificaciones de obra de la residencia Villafal. A los otros dos perjudicados (un hombre y su hermana) les transfirieron de sus cuentas 397.763 euros a la Asociación Nacional del Alzheimer Afal Contigo y a T4L, mientras que a las perjudicadas 6, 7 y 8 las cantidades ascendieron a 266.784 euros, 33.250 euros y 61.954 euros, respectivamente.
Plan para «squear» a las personas tuteladas
Dentro del plan establecido para «saquear» a las persona tuteladas Mercedes D. M. concertó seguros de vida o contratos de renta vitalicia con una entidad aseguradora situando como beneficiarios a los herederos legales, «a sabiendas de que no existían», y en su defecto a los tutores legales, esto es, a la propia Fundación Afal. Algunas de estas pólizas siguen en vigor puesto que en la persona no ha fallecido pero en un caso concreto se llegaron a embolsar 39.534 euros.
Por su parte, Rafael N. en colaboración con su mujer ordenó varias transferencias «injustificadas» a la mercantil DYSF de la que era administrador único «haciendo suyo el dinero» y sin que conste que el acusado realizara servicio alguno a la persona tutelada. Respecto a los otros dos acusados trabajaban como voluntarios en la Fundación y el primero de ellos facilitó su número de cuenta a Blanca Clavijo quien le transfirió 1.400 euros por unos servicios que nunca llegó a prestar a las personas tuteladas por la Fundación.
Además, ambos acusados por encargo de Blanca Clavijo manifestaron de forma «mendaz» ante un juez que la perjudicada número 6 redactó su testamento en su presencia y hasta reconocieron «sin ninguna duda» la letra y la firma de persona tutelada.
Dicho testamento fue elaborado con la finalidad de que parte del importe revirtiera en la Fundación Afal ya que por escritura pública convertía heredera universal a la Fundación Reina Sofía. Así, lograron que la Fundación Afal le cedieran por un euro los derechos derivados de un procedimiento judicial en el que se establecía una indemnización que no llegaron a percibir por un importe de 1.111.000 euros.