«Fitur» y «Nóos» avalan que Rosalía Iglesias y otros sigan en libertad
¿Qué pena se le ha impuesto y cuánto sería el máximo de privación de libertad que podría cumplir si se ratificase la sentencia?
Rosalía Iglesias fue condenada a penas que sumaban un total de 15 años un mes de prisión. La pena más alta de forma individual fueron tres años de cárcel por un delito de blanqueo. Por ello, de acuerdo con lo tipificado en artículo 76 del Código Penal, el máximo de cumplimiento se situaría en los nueve años, el triple de la pena mayor.
¿Es un cumplimiento lo suficientemente grave como para que ingrese en prisión antes de que se resuelva el recurso de casación que interpondrá su defensa?
Es una pena grave, pero no hay fijado un máximo para denegar de forma automática la suspensión de una ejecución de condena hasta la resolución del recurso ante la instancia superior. Por tanto, es una decisión que corresponde en exclusiva decidir al tribunal que dictó la sentencia, al margen del criterio del fiscal y acusaciones, quienes sí solicitarán su inmediato ingreso en la cárcel.
¿Qué argumentará su defensa para solicitar que no ingrese en prisión en estos momentos?
Principalmente, que la sentencia no es firme, ya que la misma será recurrida ante el Supremo, por lo que se causaría un daño irreparable si se ordena su ingreso en prisión y posteriormente se estimase el recurso; que no eludirá la acción de la Justicia y que siempre se pueden adoptar medidas menos graves que la prisión.
¿Existen antecedentes que puedan justificar la suspensión de ingreso en prisión de Rosalía Iglesias?
Sí, y a ellos aludirá, previsiblemente, también su defensa en la vistilla que se celebre hoy. Quizás el más llamativo fue el relativo a Raquel Gago, ex policía local de León, quien fue condenada a 12 años de prisión por su implicación en el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco. El TSJ de Castilla de León dejó en suspenso la pena hasta que se pronunciara el Supremo. Una vez que éste no sólo mantuvo la pena, sino que la aumentó dos años, entonces sí ingresó Gago en prisión.
¿Y en condenas relacionadas con casos de corrupción?
También. Especialmente reseñable, por la coincidencia con este procedimiento, fue el «caso Fitur» de Valencia. En esa causa, el TSJ de Valencia mantuvo en libertad provisional a la ex consejera de Turismo Milagrosa Martínez –tuvo que abonar una fianza de 15.000 euros–, quien fue condenada a 9 años de cárcel, hasta que recientemente el Supremo rechazó su recurso y ya se encuentra en la cárcel.
De la misma forma, Diego Torres continúa en libertad provisional después de que la Audiencia de Palma de Mallorca le condenara a 8 años y 6 meses de cárcel por el «caso Nóos», hasta que el Supremo se pronuncie sobre los recursos (se espera en un muy breve plazo). El fiscal en este caso apoyó que siguiese en libertad pero con fianza; lo que el tribunal rechazó y le impuso otras medidas. Estos antecedentes jusitificarían que Iglesias y otros condenados continuasen en libertad provisional.