El Juzgado de Instrucción 2 de Castellón ha citado a declarar como investigados en su condición de querellados al secretario autonómico de Empleo de la Generalitat, Enric Nomdedéu, y a la vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, tras recibir una querella contra ambos, en la que se les atribuye delitos de malversación y falsedad. Así mismo, se ha acordado la práctica de una declaración testifical, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Según han informado fuentes del PP, dicha querella fue interpuesta en febrero por el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Juan José Pérez Macián, por un supuesto uso indebido del correo postal municipal por parte de Compromís para enviar a ciudadanos propaganda electoral para pedir el voto en las elecciones europeas de 2014, así como sobres y listas.
No em citen com investigat sinó com querellat per un regidor del PP que actua com acusació popular.
El que haja de dir, ho diré al jutjat quan siga el moment processal oportú.
Un juez de Castellón cita a Nomdedéu como investigado por delito electoral https://t.co/jqtRwuFdse— (((Nomdedéu))) (@Nomdedeu)
9 de mayo de 2018En aquel momento, tanto Enric Nomdedéu como Ali Brancal eran concejales de Compromís en el Ayuntamiento de Castellón.
Pérez Macián ya anunció en el pleno extraordinario sobre corrupción que se celebró en febrero en el Ayuntamiento que "las circunstancias sobre este grave hecho están en los tribunales".
Por su parte, Enric Nomdedéu ha señalado en su cuenta de Twitter que no le citan como investigado, sino como "querellado" por un concejal del PP "que actúa como acusación popular". Así mismo, explica que lo que tenga que decir lo dirá en el juzgado "cuando sea el momento procesal oportuno".
La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha exigido al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, "la misma contundencia que exigía al PP" y "cese hoy" al secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, tras su citación como investigado por los presuntos delitos de malversación y falsedad, y a los cargos socialistas investigados por la presunta financiación irregular del PSPV.
