Investigados del juicio de los ERE insisten: piden ser excluidos de otra de las piezas
El foco está colocado en el primer juicio en el que el «caso ERE» se ha hecho carne y nervio, pero en la trastienda sigue habiendo movimientos. El abogado de uno de los investigados, Juan Carlos Alférez, ha pedido al juzgado instructor que aparte a su cliente de una del rosario de piezas abiertas en torno a ayudas otorgadas a empresas en las que se ha desgajado el «macroproceso», en concreto en la centrada en los fondos públicos concedidos a Hytemasa, una extinta fábrica textil malagueña.
En su escrito, al que accedió LA RAZÓN, el letrado mantiene que «tal y como ha reiterado» la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla en diferentes autos, el objeto por el cual su representado, el ex director de la agencia IDEA Jacinto Cañete, será enjuiciado en la rama política de la causa, la que gira en torno al procedimiento que se usó para repartir las ayudas públicas y que sienta en el «banquillo» ya a 22 ex altos cargos, «engloba su total actuación en relación a todos y cada uno de los convenios, pagos y actuaciones de la agencia IDEA en relación al programa presupuestario 31L –el denominado ‘fondo de reptiles’–». Acuerdos entre los que se encuentra «el de 22 de diciembre de 2008» ligado a Hytemasa. Es un paso lógico, ya que ha sido la propia Audiencia la que ha fijado que los encausados en la pieza política no pueden ser juzgados en otras, como recuerda Alférez, en lo que se ha denominado además «doctrina Cañete». Sentada esa premisa, el letrado pide al juzgado que excluya al ex directivo de IDEA del bloque de la textil, advirtiendo de que, de no atenderse su demanda, interpondrá un recurso de reforma. Y no ha sido el único en agitar ficha. El representante procesal del ex consejero Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha formalizado una solicitud similar.
En relación a la vista oral que acapara la atención mediática al afectar a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, Alférez ha planteado una cuestión de organización. En este segundo escrito, consultado también por este diario, pide a la Audiencia sevillana que dicte una providencia en la que se establezca que el juicio «tendrá una duración, mínima, de siete meses». «Señalándose que en todo caso –apostilla– se prevé la celebración continua de sesiones, al menos, hasta el mes de julio de 2018 inclusive». Un cálculo basado en las 140 sesiones que cree serán necesarias para escuchar a los 22 encausados, los numerosos testigos y la docena de peritos que declararán. Según el letrado, las defensas sufren los impedimentos que distintos tribunales les están poniendo para suspender actos procesales coincidentes con los días de vista de los ERE.