El Sindicato Andaluz de Funcionarios tilda de «chapuza de dimensiones bíblicas» el plan de las 35 horas
El sonido de WhatsApp. Mensaje nuevo: «Qué, ¿meditando?». Frases como ésa inundan estos días los teléfonos de funcionarios de la Administración andaluza debido al plan de la Junta para cumplir la jornada laboral de 37,5 horas y burlar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró ilegal su decisión de restablecer la de 35 horas semanales. El presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), Carlos Sánchez, lo tiene claro. La «solución» de las dos horas y media de trabajo computables a la semana con cursos de «mindfulness», de idiomas o de otras materias ha convertido una medida en principio positiva para los trabajadores del Gobierno autonómico en un «arma para atacar la dignidad de los funcionarios». «Es patético lo que han hecho, una chapuza de dimensiones bíblicas, y ha provocado un descontento generalizado entre los sindicatos profesionales de la Administración general, de educación y de sanidad», sintetiza. Sánchez lamenta que el colectivo al que pertenece se haya visto salpicado por lo que considera una «maniobra» más del Ejecutivo autonómico en la estrategia de confrontación que mantiene desde hace años contra el Gobierno central y censura que para llevarla a cabo «no les haya importado dejar a sus empleados a los pies de los caballos» ni usarlos «como instrumento de sus intrigas partidistas». «Nosotros, los funcionarios, no queremos eludir el fallo del Constitucional –suma–, es la Junta la que pretende hacerlo y por motivos políticos. Nos han utilizado como escudos», lanza. En relación a esa sentencia, el presidente del SAF llama la atención sobre el «ridículo judicial espantoso» que considera que la Junta ha hecho ya que, «se sabía que el TC iba a tumbar sus pretensiones porque ya lo había hecho antes» y no podía ir contra lo fijado por él mismo. Un «bochorno» que intentó corregir luego con un «plan B» que ha acabado convertido en «un considerable escándalo con ribetes de esperpento», a juicio de los integrantes del SAF.
Este sindicato denuncia además que la salida buscada se haya adoptado «de forma unilateral y arbitraria» por parte del Ejecutivo autonómico sin que dicha organización haya podido participar. Máxime cuando se ha hecho, advierten fuentes del mismo, «vulnerando los derechos fundamentales consagrados en la Constitución española», en concreto «el de libertad sindical» que obliga «expresamente» a que, «por tratarse de la jornada de trabajo, es preceptiva la negociación previa a su implantación». Un diálogo que, en el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía «debe llevarse a cabo en la Mesa Sectorial de Negociación, donde el SAF ostenta la representación mayoritaria», recuerdan. Para esta organización sindical el Gobierno regional ha impuesto su voluntad «a las bravas», «con desprecio absoluto del ordenamiento jurídico», de forma «improvisada» y al margen «de todo rigor y sentido común».
En cuanto a los cursos útiles para completar la jornada, Sánchez recuerda que «son los mismos que oferta el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) para el 2018» sin que se hubiera montado «revuelo alguno».