El PP da un ultimátum al Consell o ve las facturas de la patronal o irá a los tribunales
El PP solo «quiere saber». Es lo que defiende la portavoz adjunta de los populares en Les Corts, Eva Ortiz, cuando reclama facturas y expedientes sobre ayudas y subvenciones. Tanto es así que los populares están decididos a llevar a los tribunales cualquier solicitud que no obtenga respuesta en los plazos requeridos.
En esta situación hay tres casos. Antes de que acabe el mes deben recibir la documentación solicitad sobre el modelo lingüístico, las ayudas a promoción del valenciano y las subvenciones que recibieron sindicatos y patronal concedidas en virtud de la Ley de Participación Institucional.
Esta última solicitud se cursó el pasado mes de junio, meses antes de que la CEV confirmara su asistencia a la manifestación para reivindicar una financiación justa, momento a partir del cual se rompió la relación entre populares y patronal. Después llegó el anuncio de la enmienda para abrir a concurrencia competitiva las ayudas que se dan a todas las entidades recogidas en la Ley de Participación Institucional.
El PP quiere comprobar que existen facturas para justificar las subvenciones a las organizaciones sindicales y empresariales de los años 2015 y 2016. De hecho, argumentan que aunque la ley la aprobó el Gobierno de Alberto Fabra, el reglamento fue obra del actual Consell.
Fuentes populares explican que no existe obligación de comprobar todas las ayudas, sino que hay un auditor externo encargado de realizar un muestreo aleatorio de algunas de las presentadas. Apuntan a que así no se dan suficientes garantías del uso dado a este dinero público que, solo en los últimos presupuestos aprobados suma 800.000 euros.
El PP ha ganado ya una decena de recursos contenciosos administrativos al Consell por ocultar información a la oposición y obstruir su labor.