Un juez paraliza la deportación de «dreamers» fijada por Trump
Un juez de San Francisco ha paralizado la orden de la Casa Blanca de liquidar el DACA, el decreto aprobado por Barack Obama para, incapaz de lograr un acuerdo migratorio de calado, impedir al menos la deportación de 800.000 niños y jóvenes que entraron de forma ilegal en EE UU y que han hecho casi toda su vida en el país. De no lograrse un acuerdo en las próximas semanas estaba previsto que hasta 1.000 menores perdieran su estatus de residentes temporales a partir de marzo. Y desde el próximo septiembre podrían empezar las deportaciones. La prohibición de suprimir el DACA permanecerá en pie en tanto en cuanto no se diriman las previsibles alegaciones contra la decisión del juez e, incluso, hasta que no se resuelvan las numerosas demandas contra la orden de la Administración Trump presentadas por numerosas asociaciones y colectivos.
Respecto al núcleo de la cuestión, el juez William Alsup establece que, contrariamente a lo alegado por el Gobierno Trump, la puesta en marcha del DACA ni fue ilegal ni violó los cauces legales establecidos. Fue Janet Napolitano, entonces secretaria de Seguridad Nacional, la encargada de implementarlo. Tal y como escribe Michael D. Sear en «The New York Times», resulta muy llamativo que, para apoyar sus argumentos el juez haya llegado a citar al propio Trump y su reguero en Twitter.
Concretamente, recuerda aquella vez en la que el presidente se preguntaba si «realmente alguien quiere expulsar a estos jóvenes buenos, educados y formados, que tienen trabajo e incluso sirven en el Ejército». «¡De Verdad!», exclama Trump, a lo que el juez responde que, si es así, si estamos ante un cuerpo social integrado, ante gente que cumple con todas sus obligaciones legales, miembros valiosos de la comunidad, cómo es posible que alguien plantee la necesidad de desprenderse de ellos o que, como escribe Sears, puede aducir que su expulsión es en beneficio de la comunidad.
Todavía más contundente es el juez cuando escribe que la Administración tiene que sustituir las viejas normas por otras nuevas. Esto es, que no resulta admisible destruir el DACA mientras, al tiempo, se presiona al Congreso para que alcance una solución y, de paso, se explicita que en caso contrario el Gobierno no ofrecerá alternativas. Como escribe Jonathan Blitzer en «New Yorker», «la abrumadora mayoría de los estadounidenses apoyan a los beneficiarios de DACA, pero los republicanos son reacios a parecer blandos con los inmigrantes indocumentados, particularmente en un año electoral». Entre tanto «los demócratas impulsan un proyecto de ley, llamado Dream Act, que daría un camino hacia la ciudadanía para los Dreamers». Pero no tienen claro que quieran ceder en las peticiones de Trump como contrapartida. Comenzando por los más de 10.000 agentes de fronteras que el presidente quiere contratar, en un momento en el que la inmigración ilegal conoce sus números más bajos en décadas, al tiempo que aprueba un cheque de 18.000 millones de dólares para financiar parte del muro en la frontera con México. De fondo, la negociación por los presupuestos y la posibilidad de que el Gobierno federal vea congelados sus fondos.
Pero como explicó el abogado Leon Fresco en CNN, «una vez que la gente entienda que el posible punto final para este litigio podría prolongarse hasta el próximo período del Tribunal Supremo, que comienza en octubre, y que los casos difíciles se deciden en mayo o junio de 2019, comprenderá que los incentivos para alcanzar acuerdos difíciles son mucho menores que antes». Un mal presagio para quienes esperan que los congresistas alcancen un acuerdo en las próximas semanas. «Esta decisión demuestra a todo el mundo lo roto e injusto que es nuestro sistema judicial cuando el lado opositor siempre corre al Noveno Circuito y casi siempre gana antes de que lo reviertan tribunales superiores», respondió Trump en Twitter.