Unos nuevos pactos de La Moncloa
Aunque ya quedan un tanto lejanos, 1977 hace 42 años, la verdad es que la democracia naciente de las elecciones generales de aquel año, se vio muy reconfortada por los Pactos de La Moncloa. Que se pusieron en marcha en el mes de octubre, después de una intensa negociación de pocas semanas de todo el arco parlamentario.
Por entonces, la situación económica de España era calamitosa. Con una inflación disparada al 26 por 100 anual, un paro ya mayor de un millón de personas, y unas evidentes expectativas de estancamiento económico, tras el choque petrolero de 1974, que había elevado el precio del crudo de 3,5 a 14 dólares el barril.
Las previsiones eran de lo más pesimistas. Pero muy pronto, en las reuniones de la Comisión de Economía del Congreso, presionamos, desde diferentes instancias, por un acuerdo que superara las inmediatas pretensiones del Gobierno de UCD: ir a una política unilateral, sin negociar nada con la oposición.
La perspicacia de Adolfo Suárez permitió la convocatoria inmediata, a principios de octubre, de todos los grupos políticos en el Palacio de La Moncloa. Para discutir un programa elaborado por el vicepresidente de Asuntos Económicos, Enrique Fuentes Quintana, documento que fue muy ampliado por las iniciativas de la oposición. Así, al final de octubre, se ponía en marcha el acuerdo negociado, para atacar la inflación, frenar el crecimiento del paro, y reajustar las instituciones económicas a un nuevo marco democrático.
Es cierto que esos acuerdos monclovitas no se aplicaron con todo rigor, pero su impacto psicológico en toda la estructura económica y social de España fue innegable. Sobre todo, porque la gente se convenció de que la democracia no iba a ser un intercambio de cargos y de dardos arrojadizos, sino que había clara intención de superar una crisis importante, de un país que quería progresar en la profundización democrática y la mejora de las instituciones y servicios del Estado.
Hoy la cosa es muy distinta en España. El bipartidismo político ha desaparecido, por lo menos por un tiempo, con la dispersión de las fuerzas parlamentarias. Todas ellas enconadas entre sí en sus tratos, y con una periferia secesionista que dificulta aún más la situación. Especialmente en Cataluña, donde la insensatez de grupos minoritarios se traduce en una senda de actos violentos que nadie imaginaba hace solo seis meses. Esa situación no se ha aclarado con las últimas elecciones generales del 10-N, sino que se ha complicado aún más, con la irrupción de Vox y el colapso de Ciudadanos.
Toda esa situación un tanto kafkiana se planteaba como un problema global en una reciente reunión del Foro Nueva Economía que dirige José Luis Rodríguez. Con dos demóscopos ponentes en la mesa: Antonio Tezanos, director del CIS, y Pedro Arriola, gurú político de Aznar y Rajoy durante años, que en principio favorecieron como solución plausible la idea antes referenciada.
En esa sesión de trabajo, me permití plantear la posibilidad de unos nuevos Pactos de La Moncloa. Sencillamente, porque va a ser difícil la investidura de un nuevo presidente del Gobierno, si con anterioridad no se esclarecen las posturas políticas y los verdaderos ánimos de relanzar al país. Hacia sus horizontes de desarrollo, en vez de sumirnos otra vez en incertidumbres de todas clases, con un Ejecutivo en funciones indefinidamente. O con un nuevo gobierno Frankenstein, que sería como atar de pies y manos los intentos de actuar con inteligencia para gobernar España.
Habrá o no gobierno de coalición, de componentes muy contradictorios entre sí, convirtiendo al PSOE en cómplice de secesionistas o incluso antisistema. O podrá formarse un gobierno quizá minoritario, pero con un apoyo extraparlamentario suficiente, sobre la base de un compromiso formalizado y razonable para definir proyectos a realizar y metabolizar las diversas ideas en energía creativa y no destructora. Eso es lo que significarían unos Nuevos Pactos de La Moncloa, autoconvocados por el Ejecutivo en funciones y la oposición que esté por la labor de salir del atolladero en que nos encontramos hace más de dos años.
Previendo un futuro acuerdo, está claro que la situación económica de hoy no es la de 1977. Ya estamos integrados plenamente en la Unión Europea, la inflación no es un problema que se plantee en el medio plazo. Y seguramente estamos aún distantes de una recesión, aunque la desaceleración es más que visible; por la guerra comercial, en la que el nuevo proteccionismo está atacando al comercio internacional, que es la mayor fuente de riqueza.
Al lado de esas circunstancias, también está el hecho de que las empresas se han fortalecido mucho después de una crisis, en términos de internacionalización y mayor competitividad, con un crecimiento extraordinario del sector exterior. Como también es verdad que, aunque con dificultades, el Estado de Bienestar se ha mantenido en los niveles más altos posibles, si bien tiene que racionalizarse en temas como pensiones, educación, sanidad, dependencia, etc.
En cualquier caso, lo que más nos falta en el momento presente es disponer de un Estado eficiente. Con un presupuesto bien estudiado para mejorar las condiciones de vida, lo cual exige inversiones públicas y privadas, que hoy se mantienen con recelos de todas clases, por la inestabilidad política y la falta de un gobierno que funcione.
La negociación para la investidura va a ser muy difícil, ya lo hemos dicho, pero lo sería aún más si no hay una previsión de acuerdo global para salir del atolladero en que nos encontramos. Por eso, sería buena la planteada autoconvocatoria de Gobierno y oposición para estudiar unos Nuevos Pactos de La Moncloa antes de la investidura. Se evitaría así lo que algunos pesimistas ya prevén: una quinta convocatoria de elecciones generales que acabaría con el desprestigio total de los políticos.
Los partidos que participaran en la negociación podrían llegar a un acuerdo en las circunstancias expuestas, lo que haría posible una investidura con condiciones y compromisos, y garantías a efectos de seguimiento y realización de proyectos. Y que tuviera suficientes votos para elegir un nuevo presidente que tuviera la confianza, al menos por un tiempo delimitado, de todos los firmantes de los Nuevos Pactos de La Moncloa.