Detenidas tres trabajadoras de un centro de menores por facilitar la huida a Menas
La directora y dos monitoras de un centro de protección de menores de Jerez de la Frontera (Cádiz) han sido detenidas por la Policía Nacional por un presunto delito de abandono de menores extranjeros no acompañados (Menas) tutelados en el centro a los que, según los investigadores, instaban a fugarse facilitándoles el traslado a estaciones de trenes y autobuses donde quedaban «abandonados» sin «medios de subsistencia». Tras su paso a disposición judicial, las tres han quedado en libertad con cargos. Otra trabajadora fue también investigada aunque no estuvo detenida.
La investigación sobre estas trabajadores surgió a través de la denuncia de algunos responsables del centro de protección de menores El Hogar El Molinillo, concertado con la Junta de Andalucía, ante las cifras de desapariciones en el mismo, superiores a la media en servicios similares en la provincia de Cádiz. Ello despertó las sospechas de los Cuerpos de Seguridad del Estado que inició las pesquisas.
Las tres detenidas eran las encargadas de la guarda de los Menas quienes, según las pruebas recabadas por la Policía, «se desentendieron de sus cuidados». Los agentes consideran que las investigadas pudieron haber instado a estos menores a abandonar el centro facilitándoles el traslado hacia estaciones de tren o autobús para que huyeran a otras provincias andaluzas. Una vez allí, los menores quedarían desprovistos de «medios de subsistencia» al ser «abandonados» por el personal del centro. Posteriormente, según la Policía, las mismas trabajadores investigadas denunciaba en Comisaría la desaparición del centro, cuya frecuencia despertaba las sospechas del resto de la plantilla.
Desde la Consejería de Igualdad, Políticas sociales y Conciliación ha abierto una investigación interna para esclarecer los hechos al destacar como prioridad «el bienestar de los menores». Según la Junta, la Delegación de Cádiz no había recibido ninguna denuncia previa contra El Hogar del Molinillo. Para ello ha solicitado «toda la información y documentación» a la entidad responsable de la gestión y «se ha incrementado el seguimiento a este centro».
Precisamente, esta entidad es una de las que gestiona parte de las 1.200 plazas que la consejería sacó a licitación el pasado abril para atender el aumento de las llegadas de menores extranjeros no acompañados a Andalucía.
En el primer semestre del año, por el sistema de protección de menores de la Junta ha acogido a 4.639 Menas, un 31% más que en el mismo periodo del año pasado. El número de menores extranjeros no acompañados que han ingresado en alguno de los recursos del sistema entre enero y junio asciende a 2.029, un 41% más que en 20188. El Sistema de Protección de Menores actualmente cuenta con 2.359 plazas de las que 1.927 son gestionadas por entidades colaboradoras y 432 directamente por el Gobierno andaluz.
Un sistema que recibe críticas desde las organizaciones sociales y el Defensor del Pueblo Andaluz respecto a su efectividad para la integración socioeducativa y laboral de estos menores. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), el coordinador de migraciones Carlos Arce denunció las prácticas de las trabajadoras detenidas como lo opuesto al interés superior del menor que marca la Ley de Infancia y Adolescencia. Para Arce, el problema no reside en el «arsenal jurídico» de protección de menores, sino en su la aplicación práctica de la normativa. Lamenta la «criminalización social» de estos menores por su origen biológico, un «caldo de cultivo» que provoca situaciones como las de este caso e «impide que se cree una situación favorable para que se cumpla la ley».
Precisamente, esta semana, la Asociación de familias para el Desarrollo convoca una manifestación en Cádiz para denunciar el «abandono» de menores ex tutelados por la Junta cuando cumplen los 18 años como otro de los fallos del sistema.