La «sospechosa» colegiación de cientos de italianos
El Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) está bajo la lupa de tres juzgados de Instrucción distintos. El juez del número 40 abrió ayer diligencias para investigar una denuncia de la Policía sobre presuntas irregularidades en las convalidaciones de cientos de ciudadanos italianos en la URJC. La jueza de Instrucción número 51, acerca de las anomalías detectadas en el máster que realizó Cristina Cifuentes y otros alumnos de postgrado bajo la responsabilidad de Álvarez Conde. Por último, el número 34 contra el ex director del IDP, por un delito de malversación de fondos públicos, que desde ayer también incluyen a su número dos en este organismo y directora del máster de la ex ministra Carmen Montón, Laura Nuño.
Las presuntas irregularidades, según fuentes jurídicas informaron ayer a Ep, se habrían dado en las convalidaciones de varias asignaturas del título de licenciatura de Derecho de cientos de alumnos italianos en la URJC. Tras recibir la documentación, el juez Enrique de la Hoz acordó investigar los hechos que tienen origen en una denuncia del año 2016, interpuesta por el Observatorio contra la Corrupción ante la Fiscalía de Madrid. La denuncia exponía que en mayo de hace dos años tuvo lugar «un examen o prueba de conjunto a un número muy elevado de alumnos, todos de nacionalidad italiana, con el fin de obtener, al margen del procedimiento de homologación, el título de licenciados en Derecho». De este modo, los denunciantes señalaban que los alumnos italianos podrían comenzar su actividad profesional «mediante la simple colegiación en España, es decir, sin someterse a la vigente prueba de acceso a la profesión de abogado».
Al parecer, la Policía inició las investigaciones desde que estalló el caso del Instituto que dirigía Álvarez Conde, ya en abril. En su defensa, la URJC señaló a Ep que «se está colaborando de manera activa con la Justicia» y aportando documentación al respecto.
Pero es que, además, ayer Efe hizo públicos los extractos bancarios del Instituto, incorporados a la causa por desviación de caudales públicos que investiga el juzgado desde el pasado 14 de septiembre, tras una denuncia interpuesta por la propia universidad. En total, entre Álvarez Conde y Nuño se habrían repartido más de 200.000 euros en sobresueldos procedentes de las cuentas del Instituto que manejaba el catedrático. Así, entre el año 2012 y 2017, el ex director realizó transferencias que alcanzaron los 123.589 euros, la mayoría de ellas sin nada que reseñar en el concepto; mientras que Nuño recibió 90.234 euros. A diferencia de Nuño, Conde sí que recibió pagos periódicamente durante los cinco años de registro, siendo 2016 en el que menos dinero obtuvo, un sólo pago de 8.500 euros. La gran mayoría de las transferencias que ambos percibieron no están justificadas y aparecen en el registro bancario con el concepto de «transferencia a favor de». Todo ello, aún cuando ambos percibían su sueldo a parte.