Economía externaliza servicios sanitarios en contra de la legalidad
Cada tanto pasa. Algún área de la Junta externaliza servicios, esta vez relacionados con la salud. LA RAZÓN ha localizado en el portal cibernético del Gobierno andaluz una licitación hilvanada a la Consejería de Economía y Conocimiento con la que se pretende cubrir el reconocimiento y pruebas médicas destinadas al personal adscrito a los servicios centrales de ese departamento, integrado por entre 300 y 350 personas, según fuentes sindicales. Se trata de una contratación directa que se tramitará de forma ordinaria y el importe neto a abonar con fondos públicos es de 11.000 euros.
Es además una contrata con trasfondo. Este periódico ha podido saber que la Inspección de Trabajo levantó a las trece consejerías que conforman el Ejecutivo autonómico, más alguna agencia administrativa, requerimientos firmes por la ausencia de planificación preventiva y de vigilancia específica de la salud de sus empleados incluidos en las relaciones de puestos de trabajo (RPT) oficiales, esto es, más de 10.000 profesionales en Sevilla.
La desgranada licitación de Economía podría ser una reacción con la que subsanar la carencia señalada por la Inspección, si bien, el delegado de Prevención del Comité de Seguridad y Salud de los Servicios Centrales de la Administración General de la Junta y miembro del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), Joaquín Leal, advierte de que al haber externalizado el servicio «se está vulnerando otra vez las indicaciones de la Inspección porque deberían hacer esa labor médicos de trabajo de la Junta» para no incumplir artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Leal explica a este diario que esas pruebas médicas tendrían que ser anuales y, de acuerdo al Real Decreto 843/2011, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria preventiva; el Gobierno regional «debe contar con un número mínimo de médicos y enfermeros de trabajo en un servicio propio para llevar a cabo esos reconocimientos». Éstos tienen la particularidad de que han de realizarse en función de la evaluación de los puestos, de las circunstancias laborales de los examinados. En ese punto, el delegado del SAF anota otra arista del contrato de Economía: las mutuas patronales que previsiblemente concurran a la licitación, «no deberían manejar una información que es sensible, ya que los datos ligados a la salud están protegidos». Y hay más. Añade que cualquier medida preventiva «ha de ser puesta en conocimiento de los delegados de prevención, de los representantes de los trabajadores, lo que no se ha hecho en este caso», con lo que se estarían violando también «los derechos de los mismos».