Susana Villarán: estos son los argumentos de la Fiscalía para pedir prisión preventiva
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El fiscal Carlos Puma -miembro del equipo especial del Caso Lava Jato- ha solicitado variar la comparecencia con restricciones a 36 meses de prisión preventiva para la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, mientras se le indaga por los supuestos delitos de lavado de activos, cohecho y asociación ilícita para delinquir, en relación a los oscuros aportes de constructoras brasileñas a sus campañas.
De acuerdo a la hipótesis del magistrado -alcanzada a partir de declaraciones de exfuncionarios cariocas-, Villarán recibió 6 millones de dólares de las firmas Odebrecht y OAS para la campaña contra la revocatoria en el año 2013. Asimismo, esta última empresa trasnacional inyectó otros 4 millones de dólares a su campaña para la reelección del 2014.
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Estas “donaciones”, siempre según el Ministerio Público, se dieron en forma de sobornos a cambio de viabilizar -a través de contratos y adendas- los proyectos ‘Rutas de Lima’ (Odebrecht) y ‘Línea Amarilla’ (OAS).
Dicho todo esto, vale preguntarse ¿por qué se solicitó cárcel provisional y no se formalizó acusación contra la exautoridad edil? Así, a continuación se expondrán los presupuestos de la Fiscalía para requerir los 36 meses de prisión preventiva ante el Poder Judicial.
PROGNOSIS DE PENA
A Susana Villarán, como se ha mencionado líneas arriba, se le imputa la comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y lavado de activos. De esta forma, según el documento fiscal, “el delito de lavado de activos y asociación ilícita son los que tienen el quantium punitivo más grave, toda vez que la pena fluctúa entre 8 y 15 años. Por tanto, ya sea que se considere el extremo mínimo o máximo, en cualquiera de los casos, la pena superaría los 4 años exigidos por la norma”.
Es más, de iniciarse el juicio oral, lo mínimo que podría solicitar el integrante del equipo Lava Jato es 22 años de prisión para la exburgomaestre capitalina.
PELIGRO DE FUGA
El peligro de fuga se sustenta en el arraigo domiciliario, familiar y laboral de la investigada.
Respecto al primer apartado, Susana Villarán, al inicio de las pesquisas en el año 2017, refirió radicar en un departamento de la calle San Martín en Miraflores. Sin embargo, señala el requerimiento del fiscal Carlos Puma al PJ, “al acudir a la vivienda al año siguiente (04/04/2018), en virtud al allanamiento con registro domiciliario e incautación, no se encontró a la citada investigada, apreciándose incluso que en la habitación que presuntamente era utilizada por su persona, no había bienes de uso personal”.
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Si bien Villarán ya informó a la Fiscalía que ha variado su domicilio a la Playa Arica, en Lurín, se advierte que ahí “vive como inquilina”; además, se menciona que la exalcaldesa ha dicho residir en varios inmuebles diferentes, en los distritos de Jesús María, San Miguel y Barranco.
Por lo tanto, sostiene el MP, la investigada “no cuenta con arraigo domiciliario; habiendo brindado incluso al Ministerio Público con la finalidad de evadir su responsabilidad penal, un domicilio diferente al donde efectivamente radicaba”.
Sobre sus vínculos familiares, se alerta que uno de los hijos de la exburgomaestre radica en Estados Unidos, por lo que ella tendría “un lazo familiar directo en el exterior, situación que le permitiría abandonar el país y refugiarse junto a él”.
En cuanto a su situación laboral, Villarán de la Puente no presentaría un “verdadero arraigo laboral”, puesto que el contrato sujeto a modalidad que presentó ya habría vencido. Además, en su ficha RUC “se aprecia que es una persona natural sin negocio”.
En adición a ello, la Fiscalía considera que la exautoridad edil presenta facilidad de poder salir fuera del país, ya que cuenta con “la capacidad económica suficiente, para haber realizado al exterior múltiples viajes” a países como Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Panamá, Canadá, etc.
PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN
El fiscal Carlos Puma refiere que si bien Susana Villarán ha acudido a las diligencias programadas, solicitó una programación y, a su vez, declaró que vivía en un departamento de la calle San Martín (Miraflores), en donde no se hallaron sus pertenencias.
También Puma indica que Villarán no ha asistido a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, “habiéndose reprogramado su declaración hasta en dos oportunidades”.
Por lo tanto, precisa el documento, “la investigada no tiene una real voluntad de someterse la investigación penal, ocultando información, no solo respecto a los hechos materia de investigación, sino respecto a su paradero”.
POR AARON SALOMÓN.
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