El extraño caso de la concejala 'invisible' de Sevilla que pelea por que no se vulnere su derecho fundamental de representación
Desde el 31 de enero de 2022, Consuelo González Cantos es la única representante y concejala del Grupo Independiente Sanluqueño (GIS) en el Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor. Su partido ganó las elecciones municipales de 2019, si bien ella entró a mitad de mandato en sustitución de un compañero, Manuel Colorado. Posteriormente, en mayo de 2021, el entonces alcalde, Eustaquio Castaño, dimitió por enfermedad, y Juan Salado se hizo con el bastón de mando en junio de 2021. Fue a primeros de este año, a instancias del propio GIS, cuando Salado y tres de sus concejales del gobierno, en el que se integran PP y Sanlúcar Activa, fueron expulsados de la formación y declarados no adscritos a ningún partido político, según quedó ratificado en el pleno municipal de 8 de febrero de este año. Desde entonces, Cantos trata de que alguien le explique por qué no está siendo convocada para representar a su grupo político en los plenos de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, de la que depende Aljarafesa, y de la Mancomunidad Guadalquivir, como marca la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) en su artículo 67.1 y los propios estatutos de dichas mancomunidades.
Cantos ha planteado un rosario de reclamaciones ante el alcalde del Ayuntamiento, ante los presidentes de las mancomunidades (Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de Aljarafesa y presidente de la Diputación de Sevilla, del PSOE, y Romualdo Garrido, alcalde de Gines, también socialista), ante la Dirección General de la Administración Local de la Junta de Andalucía y ante el Defensor del Pueblo Andaluz contra la negativa a que el pleno de Sanlúcar modifique el nombramiento de representantes en las citadas mancomunidades (también en la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, presidida por otro alcalde socialista, en este caso de Olivares, Isidoro Ramos, donde el GIS tiene asignado un miembro y a la que no se la convoca tampoco. El mencionado punto del orden del día para dicha modificación ha sido retirado en dos ocasiones en estos meses en virtud del voto de calidad del alcalde, dado que el resto de grupos votó a favor, excepto Vox que se abstiene, y se vienen produciendo empates en cada una de esas votaciones.
La concejal, de cara al pleno municipal que se celebrará este martes 29, se servirá de un informe jurídico de la vicesecretaria de su propio ayuntamiento ante su recurso de reposición presentado en julio en el que se dice a las claras que "tiene derecho reconocido" en los órganos colegiados de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe y de la Mancomunidad del Guadalquivir, debiendo realizarse la designación nominal del representante del grupo municipal mediante acuerdo plenario en el ayuntamiento. El pleno, como se ha dicho, rechazó el 29 de marzo de 2022 la propuesta de Cantos de modificar el nombramiento de los representantes en ambas mancomunidades. Fue el principio de su travesía para poder representar a su partido en las asambleas y juntas de las mancomunidades, siendo retirados del orden del día de otro pleno posterior de junio, a la espera de los informes que las mancomunidades debían emitir al respecto según ha venido argumentando el ayuntamiento. No consta al ayuntamiento que se recibieran ni que se volvieran a pedir esos informes, habiendo transcurrido muchos meses desde entonces, según explica ahora el informe jurídico, fechado este pasado 16 de noviembre.
El 20 de abril de 2022 se le comunicó a Cantos que había una convocatoria del pleno de la Mancomunidad del Guadalquivir para el 22 de ese mismo mes, pero, a continuación, recibió a través del alcalde, Juan Salado, un escrito fechado el 20 de abril de 2022 de la mancomunidad donde se dice que se le ha convocado por error. Según traslada Cantos a este periódico, pudo conocer por concejales de otros grupos del ayuntamiento que asisten a dicho pleno de la mancomunidad que el concejal no adscrito a ningún grupo político y alcalde acudió a la convocatoria "sorprendentemente y en representación de no se sabe qué grupo municipal". La concejal solicitó en mayo a la Mancomunidad de Guadalquivir el certificado de aquel pleno "sin respuesta alguna hasta la fecha". Circunstancias similares se dieron en otro pleno de la mancomunidad, en este caso telemático, a finales del pasado julio.
"Nadie me responde ni siquiera los presidentes de las mancomunidades que también son concejales y alcaldes", expone Cantos en sus escritos, a los que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía y donde relata su "indefensión". Se trata de "una cuestión clara y sencilla de representación" ya que cómo es posible que no responda ninguna de las entidades públicas a las que acude una concejal y presidenta de su partido", solicitando "amparo" para que se cumplan la Ley del Derecho de Petición y el artículo 29 de la Constitución Española. "Ni tan siquiera se acusa recibo dentro de los diez días siguientes a sus peticiones con lo cual tampoco se respeta lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de contestar expresamente, pero ninguna se digna en responder".
Hace apenas unos días le ha contestado el Defensor del Pueblo Andaluz, la única institución que había respondido admitiendo a trámite su escrito y se había dirigido al alcalde de Sanlúcar, Juan Salado, para instarle a "emitir resolución expresa y motivada sin más dilaciones a la reclamación presentada" por la concejal. "La decisión de retirar un asunto del orden del día no debe amparar en ningún caso el aplazamiento de la decisión de un asunto sine die, debiendo abordarse la discusión del asunto a la siguiente sesión plenaria que se celebrará, cosa que en este caso no se ha hecho", dice el informe jurídico que estimó el recurso de reposición de la concejal del GIS, donde directamente se insta a abordar la cuestión en el próximo pleno municipal, que se celebra este martes 29 de noviembre.
El alcalde de Sanlúcar la Mayor, Juan Salado, reconoce a este periódico que, efectivamente, es un "derecho reconocido" a la concejal del GIS pero argumenta que se le pidieron a las mancomunidades unas informes acerca de la cuestión "y no han contestado". "No estamos en contra sino a la espera de esos informes", añade.
Salado añade que "al ser un derecho adquirido, ¿por qué tenemos qué votarlo". "Entiendo que ella tenga que estar representando, pero las mancomunidades tendrían que cambiar sus estatutos", asegura. "No es nada personal, pero la política es la política", señala al ser repreguntado por qué no vota a favor si se trata de un derecho reconocido. El alcalde recuerda en este punto la "mala jugada que nos hizo cuando nos echó a cinco compañeros del partido". "No hay mala intención", insiste, pero aboga por no poner "el camino fácil" para resolver esta situación de representación en las mancomunidades. En opinión de Cantos, está "a merced de los tránsfugas" y califica el entorno en el que se rodea en ese sentido como un "aquelarre".
Isidoro Ramos, presidente de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe y alcalde de Olivares por el PSOE, dice que desconocía la situación hasta que este periódico se ha puesto en contacto con él y ha pedido "informes a los técnicos de la mancomunidad". Según Cantos, "el GIS tiene asignado un miembro en su comisión de gobierno con la quinta vicepresidencia pero no se le convoca". El sistema de representación, como explica Ramos, es "diferente" en esta mancomunidad respecto a las otras dos (Municipios del Aljarafe y Guadalquivir). Lo cierto es que, según ha comprobado este medio, el pasado lunes el pleno de la mancomunidad presidida por Ramos aprobó que sus estatutos quedaran adaptados a la LAULA. Ramos, respecto a la concejal del GIS, espera esos informes para actuar al respecto y "responder por escrito". Defiende Ramos que, al menos respecto a la junta de gobierno, "están representados los grupos políticos que tienen alcalde", no siendo el caso de Cantos. El alcalde Salado, de hecho, desde que no pertenece al GIS "tuvo que salir de la junta de gobierno", "pero eso no implica que ella tenga que formar parte ahora, porque no es alcaldesa", expone Ramos.
El reciente informe jurídico del ayuntamiento alude a otra consecuencia importante de la situación descrita ya que, citando variada jurisprudencia, concluye que "el acuerdo plenario impugnado no hace sino incidir en la vulneración del derecho fundamental de participación en los asuntos públicos previstos en el artículo 23 de la Constitución Española" por cuanto "no hace sino obstaculizar" su nombramiento como representante del GIS en las mancomunidades. "Dicha actitud obstruccionista, en la medida en que supone una infracción de las reglas de constitución y funcionamiento de los órganos colegiados de las mancomunidades, tiene efectos invalidantes al estar alterando la composición de dichos órganos, impidiendo la participación de uno de sus legítimos miembros e incidiendo en el resultado de las votaciones que se produzcan en su seno".
Y es que la LAULA es clara. Dice su artículo 67.1, relativo a la 'Garantía de representatividad municipal en las mancomunidades', que "sin perjuicio del respeto a la autonomía local en la determinación de los órganos de la mancomunidad, de sus atribuciones y régimen de funcionamiento, sus estatutos garantizarán que la composición del órgano de representación municipal asegure la presencia de miembros electos de todos los municipios, sin que ninguno pueda ostentar la mayoría absoluta". Representantes de los otros partidos con representación en el Ayuntamiento están participando en la toma de decisiones de las mancomunidades, como reconoce el propio alcalde, pero Cantos no está participando.
También acudió Cantos a la Junta de Andalucía durante estos meses atrás. La jefa del Servicio de Régimen Jurídico, con fecha 19 de agosto de 2022, le indicó en un correo electrónico que "la Comunidad Autónoma no debe interferir en las competencias que corresponden a las Entidades Locales, en garantía de su derecho de aplicación de las normas en la esfera de sus competencias y dentro de su ámbito territorial". En esa fecha, en todo caso, los juristas de la Junta remitieron a la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública un oficio donde se daba traslado de la documentación presentada por la concejal. Todo ello se le ha notificado formalmente este reciente 18 de noviembre por parte de la Secretaria General de Administración Local , una vez recibida la queja del Defensor, que fue trasladada a la Consejería de Justicia, Administración Pública y Función Pública.
La concejal, por otra parte, se ha visto en la necesidad y única salida de acudir a los tribunales de justicia y ha presentado una denuncia por prevaricación en los juzgados de Sanlúcar la Mayor, en principio contra el presidente de la Mancomunidad de Guadalquivir y alcalde de Gines, Romualdo Garrido y contra el alcalde de Sanlúcar la Mayor, Juan Salado. En relación a ello, el Juzgado Mixto número 1 de Sanlúcar que tiene abiertas unas diligencias previas al respecto se acaba de dirigir al Ayuntamiento este 8 de noviembre para que remitan los informes de los servicios jurídicos de las mancomunidades "resultado de las consultas que se comprometió a elevar en las sesiones plenarias a celebrar con ocasión de la aprobación de los acuerdos para modificar el nombramiento de los miembros de la corporación de Sanlúcar la Mayor representantes de los órganos colegiados de esas mancomunidades".
Fuentes del Ayuntamiento de Gines consultadas dicen que el asunto es "algo estrictamente de la Secretaría de la Mancomunidad, que es la encargada de realizar las convocatorias a los plenos y demás organismos". "No es algo que sea decisión del presidente de Mancomunidad", apuntan en relación con el también alcalde de la localidad del aljarafe sevillano. La Mancomunidad del Guadalquivir, al cierre de esta noticia, no se ha puesto en contacto con este periódico para atender a esa petición concreta de información.
Fuentes consultadas de la Diputación de Sevilla apuntan que "las mancomunidades se rigen por sus estatutos, en los que se recogen los porcentajes y formas de representatividad de los integrantes y que, en el caso de los municipios, es el equipo de gobierno municipal quien propone a sus representantes y el Pleno los ratifica. En el caso de las dos mancomunidades que cita la concejala, la Diputación ni siquiera es miembro".