La consultora PONS Seguridad Vial propone el reordenamiento del posicionamiento y estructura de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la integración de las competencias del Ministerio del Interior en materia de tráfico en el nuevo Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana (MITMA). Asimismo propone que el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, conocida como DGT, pase a denominarse Agencia Ejecutiva de Movilidad para adecuarse a la nueva realidad y necesidades de la movilidad en España.
Esta modificación es, dentro de una batería más amplia, una de las principales propuestas de enmienda al proyecto de modificación de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria, que ha hecho llegar PONS Seguridad Vial a los miembros de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados con el objetivo de mejorar la gobernanza y la arquitectura institucional de los organismos vinculados a la seguridad vial, adaptar la normativa a la nueva movilidad en España y mejorar la seguridad vial de los usuarios más vulnerables.
Para R
amón Ledesma, asesor de PONS Seguridad Vial, la propuesta de reorganización administrativa parte de una situación históricamente heredada y debe reconsiderarse un cambio en la gobernanza de la movilidad que se adecúe a actual situación. «La Dirección General de Tráfico se creó en los años 60 con el objetivo de ordenar el crecimiento del automóvil en las carreteras de España y hacer frente a la nueva problemática pública que generaba relativa a la seguridad y la fluidez del tráfico. Sin embargo, actualmente ambos objetivos han sido eficientemente cumplidos y el concepto de tráfico deja lugar a un concepto más amplio: la movilidad».
Por ello desde esta consultora proponen que, para responder a las nuevas necesidades que supone la gestión de una movilidad conectada, sostenible y segura, resulta más adecuado que las tradicionales competencias del Ministerio del Interior, la Dirección General de Tráfico y el resto de organismos ejecutores de las políticas de movilidad y tráfico, pasen a integrarse en el recién creado Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana.
También sugieren, dentro de las posibles enmiendas, el establecimiento de un marco legal para la implantación de sistemas de transporte inteligentes (STI) en España, a través de la elaboración de un Reglamento General de la Movilidad Conectada que defina las obligaciones y los derechos de los diferentes actores participantes del tráfico y la circulación de vehículos.
Por otro lado, se formula una enmienda relativa al sistema de gestión de los cursos de recuperación de puntos, proponiendo que todas las autoescuelas puedan ofrecer los cursos de reeducación y sensibilización, en régimen de autorización administrativa y libre competencia, como el resto del conjunto de actividades competencia de la Administración General del Estado relativas a la seguridad vial, y no con regímenes jurídicos diferenciados como ocurre actualmente.
La propuesta de enmiendas también contempla a los usuarios vulnerables, en concreto, a los conductores de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y ciclistas. En cuanto a los primeros, la consultora propone incluir en la tipificación de infracción grave la circulación de VMPs, además de por autopistas y autovías, por vías interurbanas, travesías y túneles urbanos, actualmente consideradas infracciones leves. En esta línea, también propone asimilar la obligación de utilizar casco de protección a los usuarios de VMPs en los términos que reglamentariamente se determine, como ya ocurre con conductores y ocupantes de vehículos a motor, ciclomotores y bicicletas.
Por último, propone reforzar la seguridad de los ciclistas y de los conductores y ocupantes de ciclomotores, obligando a los vehículos que adelantan a estos usuarios de la vía a ocupar completamente el carril contiguo en el momento del adelantamiento cuando la calzada cuente con más de un carril por sentido.
