Con el fin de hacer una radiografía lo más exacta posible de la situación, los datos vinculados al coronavirus de 1.214 residencias de ancianos, centros de discapacidad y viviendas tuteladas llegan diariamente a la Junta a través de una aplicación informática. Esa herramienta le ha permitido a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades contabilizar que en 39 de esas instalaciones se han registrado más de cinco fallecidos, entre los que había personas con la enfermedad confirmada, pero también otras con síntomas compatibles con el Covid-19 sin constatarse que estuviera presente el virus.
Así lo aseguró ayer durante una rueda de prensa telemática la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que explicó que León aglutina 9 de esos centros; Segovia, 8; Salamanca, 6 y Valladolid, 5, mientras que en las provincias de Palencia, Burgos y Soria existen tres y en Zamora tan sólo uno. Entre todos ellos acumulan 479 muertes de las 793 de usuarios de residencias que ya se han registrado en la Comunidad entre los casos positivos de coronavirus (332) y los sospechosos sin confirmación (461). En 141 residencias se ha registrado algún fallecido y en 43 se ha contabilizado una muerte. La consejera hizo hincapié en el necesario «rigor»a la hora de manejar las cifras y detalló que de los 332 positivos «entre el 80 y el 90 por ciento son fallecidos en hospital» y, por lo tanto, entran dentro de la estadística oficial que ofrece diariamente Sanidad. Así, explicó, «entre el 35 y 40 por ciento» de las personas fallecidas por el virus proceden de residencias.
Sin embargo, no están dentro de esas cifras oficiales ni los casos confirmados que fallecen en las residencias ni aquellas personas que han perecido en esos centros con señales de padecer la enfermedad, pero sin una prueba que lo pueda certificar. «Los datos no son buenos», reconoció Isabel Blanco, porque las muertes siguen creciendo, «pero el incremento cada día es menor».
Residentes sanos
En esa misma comparecencia, la consejera recordó que esta semana la Junta ha intervenido dos residencias de mayores, una en Caboelles de Abajo (León) y otra en Ciudad Rodrigo (Salamanca). Ambas se unen a la de Adrada de Haza, de Burgos, en la que el Gobierno autonómico nombró un director para gestionar los recursos materiales y humanos de la instalación. «La intervención es una situación excepcional que sólo se puede realizar en caso de riesgo de colapso», explicó, Pero, además, «no es una situación definitiva», sino que sólo se extenderá hasta que el centro «controle la situación y pueda volver a gestionarse por sí mismo».
Ante la preocupación de algunas familias por sacar a los residentes de sus centros, explicó que su departamento junto con el de Sanidad trabajan ya en una «resolución» para «marcar las pautas» en las que las personas mayores sanas de un centro puedan volver a su entorno siempre que el usuario quiera, esté asintomático y bajo «la responsabilidad» de sus allegados.
