Casi un mes después, la asunción de responsabilidades por el «Delcygate» es nula. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se reunió la madrugada del 20 de enero con la vicepresidenta chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. Lo hizo pese a que la número dos de Nicolás Maduro tiene prohibido pisar suelo de la Unión Europea, y ofreció después un sinfín de versiones que evolucionaron desde la negación hasta la atribución de una gesta heroica.
El Congreso de los Diputados rechazó ayer impulsar una moción para instar al Gobierno, entre otras cosas, a cesar al ministro, gracias al alineamiento de los socios de Pedro Sánchez con el titular de Transportes. El PNV y JpC criticaron la gestión comunicativa del caso Ábalos, pero fue insuficiente para respaldar la iniciativa del PP, mientras que la diputada de ERC Marta Rosique volvió a desviar la atención del debate. Acusó a los populares de hablar de «derechos humanos» tras, según ella, mandar «asesinar» a quince inmigrantes en El Tarajal. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le obligó a retirar esas palabras del diario de sesiones, aunque no lo consiguió hasta un segundo intento.
En la interpelación de la semana pasada, en la que la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, trató sin éxito que el ministro despejara por fin las dudas que rodean este encuentro, Ábalos se limitó a repetir que con su «intervención» evitó «una crisis diplomática». Ayer, la diputada del PP Marta González, responsable del área de Exteriores en la Cámara Baja, defendió la moción con la que su grupo pedía al Congreso instar al Gobierno a cesar al ministro de su cargo. Lo impidieron, como cabía esperar, los grupos del Ejecutivo y sus apoyos parlamentarios.
Aquella reunión intempestiva y casi clandestina, primero en el avión en el que aterrizó Rodríguez y después en una sala reservada del aeropuerto madrileño, coincidió en fecha con la gira europea del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni tan siquiera lo recibió; y esa preocupación quedó ayer patente también en la moción de los populares. Más si cabe después de que el miércoles pasado, en plena sesión de control, Sánchez rebajase a Guaidó a «líder de la oposición».
«En democracia, el engaño termina retrocediendo ante la fuerza de la verdad», apeló desde la tribuna la diputada del PP, mirando directamente a la bancada socialista. Fue muy crítica con el Gobierno por la gestión del «affaire» de Ábalos y tuvo palabras, seguidas de una larga ovación, hacia la vicepresidenta Carmen Calvo: «Venezuela sí importa». La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, defendió sin éxito una enmienda para retirar la reprobación de Ábalos de la moción y para sustituir la comisión de investigación que solicitan PP y Cs por una comparecencia del Gobierno en la comisión de secretos oficiales. En la izquierda, más de lo mismo: acusaciones a la derecha de utilizar Venezuela sin un interés real en el porvenir de este pueblo.
Por otra parte, el pleno del Senado seguirá sin debatir en la sesión de control al Gobierno de la semana que viene el «Delcygate». El Gobierno ha vuelto a aplazar por segunda vez la pregunta presentada por el Grupo Popular, con la que se interesaba por las razones «del Gobierno para el incumplimiento de las decisiones del Consejo de la Unión Europea contra los altos cargos venezolanos acusados de crímenes contra la humanidad».
