Cinco minutos después de las 15.00 horas de ayer, plazo fijado por la Junta Electoral Central (JEC) para que el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Miquel Buch, retirase, mediante las actuaciones que fueran necesarias de los Mossos d’Esquadra, cualquier «símbolo partidista» de los edificios de titularidad autonómica, dos operarios del Palacio de la Generalitat colgaron en el balcón de su fachada una nueva pancarta con el lema: «Libertad de opinión y de expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos». Unos minutos antes, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunciaba un recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos de la JEC y la presentación (la semana que viene) de una querella «por un presunto delito de prevaricación» contra los miembros del ente electoral.
Torra sigue, así, con su estratagema e intenta atribuirse la defensa de los Derechos Humanos (DD.HH.), que considera están siendo vulnerados por los tribunales y la JEC. El paso dado supon
e una nueva burla a las órdenes de la JEC, solo dos horas y media después de que otros dos operarios descolgaran las tres pancartas partidistas que figuraban en la fachada de la sede oficial de la Presidencia.
Desde primera hora de la mañana de este viernes, parte de la iconografía independentista que figuraba en los edificios principales de Vicepresidencia y Economía, en manos de Pere Aragonès (ERC), de Justicia, bajo la titular Ester Capella (ERC), y de Interior, que controla Miquel Buch (JpC), fue desapareciendo del espacio público por la intervención de los funcionarios de los correspondientes departamentos sin necesidad de que intervinieran agentes de los Mossos en estos casos. También se retiró un gran retrato de Oriol Junqueras, con un contador que recordaba los días que este lleva en prisión, que daba la bienvenida a las personas que accedían al edificio de Vicepresidencia, en el centro de Barcelona.
Discrepancias internas
La decisión de avanzarse a Torra puso de manifiesto, una vez más, las discrepancias internas en el gobierno catalán. Por un lado, el presidente autonómico, obstinado en seguir el camino de la desobediencia desde el 11 de marzo (primera advertencia, luego llegaron las del 18, el 19 y el 21), que cuenta con un reducido equipo de fieles –auspiciados y animados por Carles Puigdemont desde el extranjero– recluido en el Palacio de la Generalitat y del que se ha ido descolgando con el paso de las semanas Elsa Artadi.
Frente a Torra, la mayoría de los consejeros, sobre todo de ERC, pero también Buch, que tiene bajo sus órdenes políticas el cuerpo de los Mossos d’Esquadra. Desde su punto de vista, lo responsable, en estos momentos, es acatar la decisión de la JEC, para eludir posibles sanciones futuras, no tensionar más a la sociedad y, sobre todo, a los agentes de los Mossos, cuyos mandos han señalado en los últimos meses en reuniones con Buch que acatarán las decisiones judiciales por encima de las órdenes políticas.
En este sentido, el comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, informó a la JEC, a las 14:10 horas, de que la policía autonómica estaba cumpliendo con sus órdenes. Así, a lo largo de la mañana, los Mossos ordenaron a Presidencia de la Generalitat que «ejecuten voluntariamente la retirada de la simbología» de todos los edificios públicos «con el advertimiento de que, en caso contrario, se procederá a dicho cumplimiento por parte de los Mossos». Además, desde la Prefectura de la Policía autonómica se dieron instrucciones a todos los agentes para que fueran comprobando que se cumplía la orden de la JEC y, en caso de que no se estuviera cumpliendo, que se retiraran los lazos amarillos o de otros colores, las banderas independentistas y todo tipo de cartelería partidista.
Nueva pancarta
Así se hizo, al menos, en varios colegios y en el edificio central de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en manos de Teresa Jordà (ERC). Y se dieron las indicaciones correspondientes para seguir haciendo comprobaciones «de la no presencia de dicha simbología ya que no es descartable que en algún edificio se volviera a colocar».
A las 18:37 horas, el consejero Buch informó a la JEC de que los Mossos habían procedido «a hacer efectivo el requerimiento» y, por lo tanto, a esa hora no quedaba ya ninguna simbología partidista en los edificios de titularidad autonómica. A su vez, fuentes oficiales de la Delegación del Gobierno confirmaron a ABC de que remitieron a la JEC un informe sobre el grado de cumplimiento de lo ordenado.
Está por ver, ahora, si la nueva pancarta que alude a los DD.HH. cumple con la legalidad. Torra parece olvidar el artículo 29 de la Declaración Universal de los DD.HH., que hace referencia a que «toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley».
