El Tribunal Supremo es, desde hace varias semanas, un desfile continuo de testigos que vivieron, en mayor o en menor medida, los hechos ocurridos en Cataluña durante el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre y las semanas que lo antecedieron. Las defensas de los acusados en el juicio del «procés» se han esforzado por dar a entender que lo sucedido aquel día no fue más que una movilización ciudadana para influir en la política. Los testigos, en cambio, están desmontando este relato, reflejando que el plan encabezado por Carles Puigdemont iba mucho más allá y ya se estaba trabajando en las estructuras del Estado catalán.
La financiación china
Un cabo de la Guardia Civil –que declaró como testigo por su participación en el análisis de los documentos obtenidos en el registro a Lluís Salvadó, secretario de Hacienda– señaló que, aunque su función se limitó a buscar temas relacionados con la malversación, había «muchísima» información sobre la creación de «estructuras de Estado». «Fue espectacular en cuanto a documentación» sobre «aduanas, catastro, agencia tributaria», aunque «había mucha preocupación por la financiación», añadió.
El agente afirmó que la Generalitat tenía a punto la creación de una Agencia Tributaria propia. De hecho, se encontró un correo electrónico en el que el Govern de Puigdemont encargaba a IBM un programa informático para gestionarla. Durante la investigación se requirió a la empresa que aportara la factura, que era de 240.000 euros, y el cabo afirmó en la Sala que creía que había sido pagada.
Sin embargo, las aspiraciones de la Generalitat iban más lejos. En otro correo electrónico intervenido se pedían 11.000 millones a China, una cifra que se sumaría a los 6.000 millones que recaudaban los ayuntamientos catalanes, a los 4.500 millones de las empresas y a los ingresos propios para financiar a la recién independizada Cataluña a través de esa Agencia Tributaria propia.
El papel de los Mossos
Otro agente, que analizó los documentos intervenidos en la Consejería de Interior –cuyo máximo responsable era Joaquim Forn, en el banquillo–, destacó el papel que jugaban los Mossos dentro de esas estructuras de Estado. En el escenario de una Cataluña independiente, su papel sería el de asumir las competencias de Defensa.
Durante los días previos al 1-O y durante la propia jornada del referéndum, y según los testimonios de los agentes implicados, fue patente una predisposición de los ciudadanos a desobecer a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Una componente del dispositivo que intervino en el colegio electoral de Sant Martí Sesgueioles aseguró que «el sentido del respeto y de la autoridad se había evaporado en horas». «El ambiente era muy hostil. Te cruzabas con cualquier coche y te pitaban, te insultaban, se burlaban de ti... Algo muy inusual. Se había perdido la vergüenza», añadió.
Los Mossos d'Esquadra, en cambio, sí que parecían recibir ese respeto por parte de los ciudadanos. Otro agente de la Benemérita, que participó en la detención de Josep María Jové –número dos de Oriol Junqueras–, aseguró que los concentrados frente al domicilio del detenido se tumbaron en el suelo para obstaculizar la salida del vehículo policial. Solo cuando pidieron refuerzos se levantaron, alegando que no iban a darles «el gusto» de que los Mossos tuvieran que obligarles a hacerlo.
Obligados a decir la verdad
Los testimonios aportados a la causa por los testigos son de vital importancia porque tienen la obligación de decir la verdad. Los doce acusados, en cambio, pueden decir lo que consideren oportuno para su defensa. La semana pasada, la Fiscalía pidió que se denunciara a Jaume Mestre, responsable de difusión institucional en el Govern de Carles Puigdemont, por falso testimonio. Según aclaró el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, cuando finalice el juicio y se haya dictado sentencia se podrá tomar una decisión al respecto.
