Estancias infantiles y el futuro de miles
Sigue vigente en todo el país el problema de las madres que trabajan y las estrechas opciones que se ofrecen para continuar con su actividad laboral, mientras sus hijos quedan bajo la custodia de una estancia para ellos.
El programa Estancias Infantiles ganó visibilidad a partir de la reducción de su presupuesto y de la lucha que, tanto los responsables de estos centros de desarrollo infantil como las madres beneficiarias de estos, han dado en su defensa.
Cientos de mujeres afectadas y responsables empezaron, durante varios días, a congregarse en el Zócalo, con la esperanza de hablar con el Presidente para explicarle que las estancias son la única alternativa para el cuidado de unos 320 mil niños, cuyas madres son mayoritariamente trabajadoras domésticas o comerciantes en el sector informal, por lo que no son beneficiarias del IMSS o del ISSSTE, y que tampoco pueden pagar una guardería privada. Hasta el momento, no han tenido éxito.
A estas voces se agregan comunicadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil y legisladores de todos los partidos a favor de las estancias. El Presidente anunció que la operación se homologaría a la de otros programas del nuevo gobierno; es decir, que el subsidio que antes se otorgaba a los responsables, ahora se entregaría de manera directa a las madres. Solo que, en lugar de ser 950 pesos mensuales, ahora serán 800. La solución está lejos de ser satisfactoria según lo comentan las propias responsables de las estancias y las madres usuarias del programa a quienes se han entrevistado. En primer lugar, porque el apoyo es menor que el de años anteriores. Las cuotas mensuales a las estancias, por menor atendido, se integraban por el subsidio público de 950 pesos, más 550 que cada madre aportaba; es decir, mil 500 pesos en total.
Las nuevas reglas que establecen una cantidad de solo 800 pesos mensuales obligarían a que las madres aportaran 150 más al mes, o a que las responsables sacrificaran alguna parte del servicio, ya sea en alimentación, material de apoyo y actividades para el desarrollo de los menores, o reducción de salarios del personal que labora en las estancias. Nada de lo anterior es ni justo ni razonable.
Lamentablemente, las familias usuarias del programa cuentan con escasos recursos.