La impactante declaración en el juicio al «procés» del máximo responsable de los Mossos durante el referéndum ilegal de 1-O, Josep LLuís Trapero, no ha dejado tan buena impresión en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como en los titulares periodísticos, donde ayer brillaron las palabras de este testigo en las que aseguró que tuvo un plan para detener al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a sus consejeros. En su testifical en el Tribunal Supremo, el mayor de la policía catalana explicó -como días antes habían hecho también en la vista dos de sus subordinados- que tres días antes de la consulta alertó a Puigdemont de que si la convocaba era seguro que iba a haber disturbios, como, efectivamente, se produjeron. También dijo en aquella reunión ante la cúpula política secesionista que los Mossos iban a estar «con la Constitución» y la Ley.
«Nosotros no teníamos ninguna información sobre esos vaticinios... nos preguntamos, ¿por qué no los trasladó a la Fiscalía o al coordinador del dispositivo del 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, donde hubieran sido más útiles que en manos de la Generalitat?», se preguntó en declaraciones a este diario el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío, también muy crítico con el mayor de los Mossos por haber «desobedecido el mandato» del Ministerio del Interior que situó a Pérez de los Cobos al frente del operativo.
«Una cosa es lo que Trapero dijera cubriéndose las espaldas judiciales y otra la verdad», subraya el portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Serafín Giraldo, para quien los hechos del 1-O en Cataluña ponen en evidencia que «los Mossos, bajo su mandato de Trapero, no cumplieron con la orden de la juez y traicionaron el operativo que se había dispuesto». Recuerda que en ese dispositivo, «coordinado por Diego Pérez de los Cobos, la prioridad la tenían los Mossos, que tienen la competencia en materia de Seguridad Ciudadana de Cataluña, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado iban en misión de apoyo, como así se nos indicó».
Trapero aseguró ayer como testigo ante el Supremo -deberá declarar como procesado por estos hechos en la Audiencia Nacional en un juicio todavía sin fecha- que la orden del 27 de septiembre del TSJC de impedir las votaciones «vinculaba por igual» al cuerpo autonómico, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Sostuvo que el plan de actuación de los agentes a su cargo formaba parte de uno más amplio y acordado con la Guardia Civil y la Policía Nacional. En definitiva, «un dispositivo en el marco de un dispositivo conjunto» en el que la Policía catalana, según su versión, hizo lo que pudo para impedir la consulta.
Desde los ámbitos policiales ven las cosas de forma bien diferente. «Los Mossos tenían que haber estado a las seis de la mañana en los colegios electorales y ni estaban ni se les esperaba. Si hubieran hecho su trabajo, probablemente el operativo hubiera salido bien, pero lo traicionaron», insiste Giraldo. Cree que fueron a personarse en los centros «a levantar actas sin sentido, sin identificaciones y sin denuncia». Lo hicieron, luego, «tarde y mal», resume.
Desde la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), su portavoz, José Cobo, incidió en que las imágenes del 1-O «muestran enfrentamientos entre guardias civiles y policías que quieren hacer cumplir el mandato judicial con mossos contrarios a ellos». «Las imágenes hablan por sí solas. Trapero puede que no les diera esas órdenes, pero estaban bajo su mandato. En cuanto a lo que ha dicho en el juicio, es indudable que él tiene que protegerse, porque está ante un asunto muy serio», añade. Por parte de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), su portavoz, Juan Fernández, destacó que la declaración de Trapero demuestra «la falta de lealtad operativa entre los cuerpos policiales».
En el cuerpo de los Mossos, en la línea de lo que acontece en el resto de la sociedad catalana, las posiciones están divididas entre los que policías que no se creen las palabras exculpatorias de Trapero y los que sí se sintieron representados por la defensa que hizo del cuerpo policial. Eso sí, tanto los afines a Trapero como sus detractores siguieron el jueves con suma atención su comparecencia. Los que patrullaban, encendieron las radios de sus coches; los que hacían tareas de oficina, intentaban seguirla desde sus móviles. Incluso se suspendieron reuniones para seguir con atención la testifical.
A diferencia de las asociaciones de Guardias Civiles y Policías Nacionales, los sindicatos de Mossos consultados por ABC prefieren no valorar la declaración de quien fue su mayor. Sí accedió el portavoz del Csif, Juan José Torrente, que no se cree las palabras de Trapero, y considera que tanto el 20-S como el 1-O «se doblegó a la voluntad política» del Govern. «Llevó al cuerpo a un callejón sin salida», añade. Otros agentes coinciden en el diagnóstico, con palabras más gruesas: «Está claro que quiere pasar cuentas a los políticos que lo han dejado tirado. Y salvar su culo. Es lógico, peor no cuela». Otras fuentes , en cambio, ven con buenos ojos las palabras de Trapero. «Su declaración ha sido muy solvente. La llevaba muy preparada», valoran. «Nos gustó que desmarcó a los Mossos de ser una policía política». Muchos agentes, según esta visión, sintieron «una sensación de alivio» al verse «representados» por la defensa de los mossos que hizo Trapero.
Mientras la declaración satisfizo a muchos agentes, ha empeorado más la relación entre el Govern de Torra y los mandos policiales. Fuentes conocedoras admiten que pasan «por el peor momento de su historia». Están indignados al no poder controlarlos.
