Decenas de denuncias coordinadas usan un informe de la Fundación Franco para frenar la exhumación

Más de una decena de demandas presentadas por personas diferentes, pero con idénticos argumentos, tratan de frenar la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Todas se basan en un informe encargado por la Fundación Francisco Franco que cuestiona los trabajos arquitectónicos en la basílica. Un juez de Madrid que ya cargó contra la Ley de Memoria Histórica ha dado por bueno ese documento y ha suspendido cautelarmente el informe urbanístico positivo para la operación. El Gobierno sostiene, no obstante, que el procedimiento seguirá adelante porque esa decisión no afecta "en absoluto" a la orden de ejecución "material" de la exhumación porque el proceso no está aún en esa fase. 

El magistrado José Yusty Bastarreche, titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Madrid, ha dictado este lunes un auto en el que suspende el visto bueno del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial (municipio donde se levanta la basílica del Valle de los Caídos) para las obras necesarias para sacar a Francisco Franco de su "tumba de Estado". Lo hace tras recibir una de las casi veinte demandas que se han presentado a fin de impedir que los restos del dictador sean exhumados, según calcula el consistorio.

Los recursos que se han ido interponiendo son calcados y se basan en un informe encargado por la Fundación Francisco Franco que alerta sobre el supuesto peligro físico que conlleva exhumar al dictador. La batería de escritos han llegado a diferentes juzgados con la misma argumentación e incluyendo las conclusiones de los arquitectos de la fundación: "El movimiento de la losa de piedra [...] puede desestabilizar el conjunto". Sacar a Franco puede provocar derrumbamientos, exponen.

La decisión del juez Yusty contrasta con la de otro magistrado de lo contencioso administrativo, Daniel Sancho Jaráiz, que ha desestimado ya varias de las demandas. "Dicha actuación urbanística no implica por sí misma una lesión al derecho fundamental del fallecido o sus familiares", considera el magistrado. Añade que "no ha quedado justificado de qué modo sería irreparable -desde el punto de vista urbanístico- la decisión de ejecutar la retirada de la lápida".

"El número de escritos va creciendo y están calcados", explican fuentes del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (responsable de autorizar la obra para que se pueda sacar a la momia). "Los recursos se fusilan unos a otros y todos tienen el mismo letrado, además de incorporar el informe de los arquitectos", rematan. 

El presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro Ortega, confirma la autoría del trabajo: "Afirmativo. El informe es nuestro". Sin embargo niega que su organización lo haya distribuido. "Nosotros no lo hemos repartido. Aparece en una quincena de recursos, pero estaba publicado íntegramente". Desplegada esta ofensiva, el magistrado de lo contencioso-administrativo José Yusty Bastarreche, ha creído sus argumentos y suspendido el informe favorable sobre las obras emitido por el Ayuntamiento.

¿Quién recurre el informe urbanístico? Son particulares, según los describe el Ayuntamiento que recibe los recursos. Esa es una de las claves de la estrategia judicial ya que al alegar cuestiones de urbanismo, la ley permite personarse a cualquier persona ya que la acción es pública. En otras materias, la personación se limita a los afectados directamente como pueden ser la familia Franco o la abadía del Valle. 

La proliferación de recursos supone un campo minado para el proceso legal de exhumación ya que cada juez puede decidir según su criterio y en sentido contrario. "Por eso hemos solicitado en cada caso que se unifiquen todos los procedimientos en una sola sede de manera que haya una decisión", cuentan los recurridos: "Esto lleva su tiempo porque hay que dar traslado a las partes y guardar unos plazos".

El Gobierno también sostiene que todos los procedimientos deben ahora aglutinarse en uno: "El asunto va a acabar en un único procedimiento, pero no en ese juzgado porque por el reparto le toca al primero que temporalmente recibió la primera demanda", explican fuentes gubernamentales, que reconocen que el procedimiento de exhumación podría retrasarse solo en el caso de que el juzgado en el que acabe esa pieza no resuelva favorablemente antes de que acaben los trámites del proceso.

En el caso del juez Yusty, la respuesta ha llegado en forma de auto de suspensión cautelar. Una decisión tomada con rapidez ya que el recurrente pidió medidas el 22 de febrero y el juez las concedió el 25 del mismo mes. El recurso aduce que el Consejo de Ministros del 15 de febrero, en el que el Gobierno dio por cerrado el procedimiento administrativo, "implica la inminencia de la citada exhumación". El magistrado concede que "la urgencia [de la obra] es, al menos, discutible" para suspender el proceso.

En caso de que otro juez disponga de manera diferente, se producirá un nuevo embrollo judicial en torno al expediente de exhumación con nuevas instancias superiores implicadas. El Gobierno ha asegurado que esta estrategia persigue que "sean muchos los juzgados que deban conocer sobre este asunto, aumentando las probabilidades de que en alguno se dé la razón". También ha puesto a la Abogacía de Estado a trabajar para que se unifiquen las causas. Todo esto podría "retrasar la fase final de ejecución en la que no nos encontramos todavía", remata el Ejecutivo, que apunta a otra argucia legal: "El acuerdo apela al interés general por lo que atendiendo a la ley del suelo no sería necesaria una licencia urbanística", sostienen fuentes gubernamentales. 

El Gobierno, pendiente del Supremo

Este es uno de los muchos escollos con los que se ha topado el Ejecutivo después de que en el mes de junio, un recién llegado a Moncloa Pedro Sánchez asegurara que Franco estaría fuera del Valle de los Caídos antes de que terminara el verano.  Apenas un mes después admitió que había pecado de falta de experiencia con ese vaticinio. Pasaron el verano, el otoño y está a punto de terminar el invierno y el Gobierno aún no puede garantizar si el dictador saldrá del Valle de los Caídos en primavera porque se ha encontrado con el “bache menor” del juez Yusty Bastarreche, aunque previamente chocó con la familia y la Iglesia. 

En este momento, el Ejecutivo estaba pendiente del Tribunal Supremo, como el único ente capaz de paralizar la exhumación de Franco a raíz de un recurso interpuesto por los nietos del dictador. Sánchez estaba determinado a sacar los restos del Valle de los Caídos si el alto tribunal no aceptaba las medidas cautelares que la familia Franco anunció que pediría para evitar el proceso una vez que el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo de exhumación.

La única incógnita que hasta ahora no tenía despejada el Gobierno en ese caso era si exhumar los restos antes de que comenzara la campaña para las elecciones del próximo 28 de abril o dejarlo para después de las generales. El Ejecutivo aseguró que la exhumación se produciría incluso si no contaba con la autorización eclesiástica.

El prior del Valle de los Caídos siempre se ha negado a permitir la entrada en la basílica a los operarios que llevarían a cabo la exhumación. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha sostenido que las altas instancias de la Iglesia eran contrarias a ese posicionamiento y que permitirían la exhumación del dictador. Lo dijo incluso tras verse con el número dos del Papa, Pietro Parolin, en el Vaticano.

La Iglesia y los nietos, otros escollos

Sin embargo, el Vaticano ha mantenido un discurso diferenciado al asegurar que era una cuestión interna de España que el Gobierno debería solucionar con la familia del dictador. Esa fue también la posición del Vaticano cuando la jugada de los nietos de Franco puso en un brete al Ejecutivo al plantear que, de llevarse a cabo la exhumación, los restos deberían descansar en la cripta de la catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid.

El Gobierno pasó entonces por distintas fases: primero aseguró que no podía hacer nada para evitarlo y después recurrió al Grupo Socialista para modificar la ley de memoria histórica. Las enmiendas que registró el PSOE amenazaban incluso con cerrar al público la cripta si el dictador acababa allí. PP y Ciudadanos bloquearon esa reforma legal en el Congreso por lo que Sánchez tuvo que buscar un plan B.

La delegación del Gobierno en Madrid emitió un informe en el que argumentaba problemas de seguridad y orden público para cargar el procedimiento de razones para que el dictador no acabara enterrado junto a la emblemática Plaza de Oriente de la capital.

El procedimiento siguió su curso hasta que el Consejo de Ministros aprobó formalmente llevar a cabo la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. El acuerdo preveía un plazo de quince días hábiles para que la familia escogiera un lugar distinto a la Almudena para la reinhumación como última oferta para los herederos. En caso de que no hubiera unanimidad entre ellos o de que no se pronunciaran, el Ejecutivo se reservaba la potestad de enterrarlo donde escogiera. Aún así, les daba la posibilidad de estar presentes durante la exhumación, el traslado y la reinhumación de los restos.

El Ejecutivo sostenía que solo el Supremo podría frustrar, siempre temporalmente, su plan. Dentro del Gobierno hay miembros que temen que el alto tribunal le dé la razón a la familia si interpreta que el decreto con el que se inició el trámite para la exhumación supone “una ley de caso único”.

Fuentes gubernamentales sostienen que la maniobra del juez Yusti Bastarreche les sitúa prácticamente en la casilla de salida. No obstante, en el Ejecutivo están a la expectativa de lo que digan los juzgados: por un lado, el Supremo, y, por otro, del reparto de las demandas individuales que han disparado las alarmas, con la confianza de resistir el envite del magistrado que ya criticó la Memoria Histórica.