Amnistía Internacional pide a la CPI intervenir en Venezuela
Ya no hay dudas de que el régimen de Nicolás Maduro mata a quienes le adversen. Amnistía Internacional emitió un informe especial a propósito de la represión que han protagonizado en Venezuela las fuerzas de seguridad del Estado. La organización registra masivas violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos y especialmente ataques a la población civil por parte de cuerpos armados estatales.
“Hemos documentado una política represiva y sistemática para silenciar voces de quienes exigen derechos y rendición de cuentas. Las fuerzas de seguridad se han convertido en perpetradoras de las peores violaciones de derechos humanos”, dijo Érika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
De visita en Caracas, la defensora detalló que tan solo entre el 21 y el 25 de enero pasado hubo 41 muertos en contexto de protestas y represión, además de 900 personas detenidas en cinco días, “incluyendo decenas de menores de edad sometidos a malos tratos y mezclados en calabozos con población adulta”. Muchos de esos apresados continúan encarcelados y otros obtuvieron libertades restringidas.
Maduro “se ha ensañado con la gente más empobrecida que dice defender, pero que luego asesina, detiene y amenaza”, dijo Guevara sobre poblaciones donde “existe una amplia presencia de grupos armados oficialistas en estos sectores, cuyos habitantes dependen en gran medida de los, actualmente limitados, programas de distribución de alimentos básicos del Estado”.
Amnistía recabó información del 31 de enero al 17 de febrero, con más de 50 testimonios, y documentando 15 casos emblemáticos, cuyos hallazgos serán ampliados en un informe público posterior. Pero a partir de allí, la organización habla de “política sistemática generalizada de represión que comete las fuerzas de seguridad bajo el mando de Nicolás Maduro”.
Se refiere a las actuaciones que cuerpos armados, particularmente las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), han desarrollado en favelas generando asesinatos que luego intentan ser borrados al manipular pruebas y las escenas de crímenes. Según Amnistía Internacional, en Venezuela, donde la impunidad ronda el 98%, el uso abusivo de la fuerza se ha perfeccionado, aumentando su letalidad y con ejecuciones extrajudiciales selectivas “para aterrorizar a las comunidades”.
Uno de los casos registrados por la organización es el de Johnny, un joven de 29 años y habitante de La Vega, una zona pobre de Caracas, que participó en protestas el 21 de enero y lo registró en sus redes sociales. El vídeo se hizo viral. “El 25 de enero a las 11 de la mañana las FAES ingresan a la casa de Johnny, le disparan, se llevan el cuerpo y posteriormente simulan enfrentamiento para presentarlo como un criminal. Murió por balas en el tórax”, dijo Érika Guevara.
Amnistía Internacional llamó a las autoridades bajo el mando de Maduro a poner fin a la violación sistemática de derechos humanos y a la represión, y solicitó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional considerar los hechos para evaluar si debe asumir competencias e investigar y sancionar a los responsables de estas graves violaciones a derechos humanos y delitos de derecho internacional.
“A los países preocupados genuinamente, les pedimos que evalúen seriamente el ejercicio de la jurisdicción universal para evitar la impunidad y que lleguen a tribunales de sus países estas gravísimas violaciones de derechos humanos, independientemente de la nacionalidad de perpetradores o víctimas”, manifestó Érika Guevara.
La directora para las Américas sostuvo reuniones en la Asamblea Nacional con Juan Guaidó, el presidente del legislativo, para pedir al parlamento que asegure un marco legal de protección a las víctimas que garantice el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.