Los ex consellers asumen que desoyeron al TC por el «mandato del Parlament»
La reiteración del granítico relato independentista por parte de los acusados –que llevó incluso al presidente del tribunal, Manuel Marchena, a referirse a Josep Rull como «señor Turull» –se puso de manifiesto de nuevo ayer durante las declaraciones del ex conseller de Territorio y de Dolors Bassa, Meritxell Borràs y Carles Mundó, que fueron titulares de Trabajo, Governación y Justicia, respectivamente, en el Gobierno de Puigdemont. En una larga jornada en el Tribunal Supremo que concluyó pasadas las nueve y media de la noche, los acusados coincidieron en resaltar las líneas maestras de esa panoplia argumental con la que pretenden desmoronar las acusaciones: el «mandato» electoral de convocar el referéndum del 1-O pese a las sucesivas advertencias del Tribunal Constitucional (TC), el convencimiento de no estar cometiendo delito alguno (aunque sobre la mesa estaba una orden judicial de impedir la consulta), el rechazo de cualquier atisbo de violencia y de que se gastara «ni un céntimo» de dinero público y el empeño en descafeinar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña hasta reducirla a una mera proclamación política sin efectos jurídicos.
Los ex consejeros de la Generalitat se desvincularon de la distribución de urnas y papeletas, intendencia electoral clave para la consulta. Bassa reiteró que tras la suspensión de la ley del referéndum por el TC no hizo «absolutamente nada» y Rull se mostró más poético y aludió a «la fuerza de la esperanza» para ofrecer su personal versión del milagro evangélico de la multiplicación de los panes y los peces. «Estaba convencido de que las urnas aparecerían y aparecieron», aseguró a preguntas del fiscal Fidel Cadena. «Era la confianza en un país –añadió–, donde el compromiso con la democracia fue extraordinario». Ambos se enfrentan a una petición de condena por parte de la Fiscalía de 16 años de prisión por rebelión y malversación.
«¿Cómo se pensaba celebrar un referéndum sin medios?», quiso saber la abogada del Estado Rosa María Seoane. «A partir de suspenderse la ley no realizamos ningún acto material», reiteró Bassa. «Me refiero a cómo pensaban que los ciudadanos podían ir a votar sin urnas ni papeletas?», insistió la representante de los Servicios Jurídicos del Estado. «De momento el pensamiento es libre, cada uno debió pensarlo a su manera...», pretextó la acusada. Pero Seoane quería una respuesta y volvió a la carga: «Pero le estoy preguntando cómo pensaba que se iba a votar...». Visiblemente incómoda, la ex consellera se intentó zafar como pudo. «Pues mire, mi pensamiento no quiero responderlo». Y a otra cosa. Horas después, ante similar tesitura Borràs salió airosa al limitarse a apuntar que el Govern estaba convencido de que la consulta «se podría realizar de forma pacífica y tranquila».
Tanto Rull como Bassa, Borràs y Mundó accedieron a contestar a la Fiscalía (lo que no hicieron ni Junqueras ni Romeva), pero se negaron a responder a Vox. El primero «por respeto a las personas que en este país sufren la xenofobia y el racismo» y la ex consellera de Trabajo, en esa misma línea, «por respeto a las mujeres de España y a las víctimas de la violencia de género».
Las referencias a la «voluntad política» que, en su opinión, hubiera hecho posible que el referéndum de autodeterminación tuviese «encaje» en la Constitución fueron constantes, como las alusiones a ese «equilibrio» –de complicado funambulismo– «entre el imperio de la ley y el mandato democrático» para salir airosos del trance.
Rull no tuvo reparos en cuestionar la «autoridad moral» del TC para intentar justificar por qué no acató las seis advertencia que, personalmente, le notificó el Constitucional sobre la sucesiva suspensión de las leyes de desconexión. Bassa se escudó en las sentencias del TC que el Gobierno español «no cumplía» y respecto a las advertencias del Alto Tribunal dijo que no hizo nada «para no cumplirlas. Sí que me las notificaron, pero ahí se quedaron». Mundó, en un duro interrogatorio del fiscal Javier Zaragoza, que le afeó que actuara tras las advertencias del TC «como si no fuese con usted», le reprochó que le atribuyera, como titular de Justicia, funciones «que no me corresponden». «¿Por qué no se plantó en ningún momento ni dijo a sus compañeros que había que parar?», apremió el fiscal al ex conseller, quien una y otra vez remarcó, flemático, que cumplió esos requerimientos, pese a que el referéndum suspendido por el TC finalmente se celebró. «Si supiera cómo se financió el referéndum se lo contaría», contestó ante la insistencia de Zaragoza en indagar sobre la supuesta malvesación.
En cuanto al decreto de convocatoria del 1-O, Borràs intentó minusvalorar que firmara esa resolución junto al resto de miembros del Govern y subrayó que «las firmas de valor eran las del president Puigdemont y del conseller», algo que refrendó después Mundó, quien tachó ese gesto de «expresión de compromiso político». «Mi firma no era necesaria», dijo Borràs, aunque añadió que lo rubricó como «un símbolo» de la «voluntad política de querer celebrar el referéndum».
El fiscal Jaime Moreno inquirió a Borràs –para quien la Fiscalía pide, al igual que para Mundó, una condena de siete años de prisión por malversación y desobediencia– por la paradoja de destinar colegios públicos como centros de votación, lo que calificó de «empleo desviado de esos bienes inmuebles». Borràs se cruzó de brazos: «Yo creo que esos bienes inmuebles no costaron ni un euro de dinero público». Antes, Rull había subrayado que era «imposible» porque las finanzas de la Generalitat estaban «absolutamente controladas por el Gobierno».
Los procesados subrayaron que «jamás» imaginaron que se produjeran episodios de violencia el 1-O, de los que responsabilizaron a determinados miembros de las Fuerzas de Seguridad, por enfrentarse de forma desproporcionada, se quejó Rull, a «gente joven y abuelos». «Nuestra referencia era el 9-N y que las manifestaciones hasta entonces siempre habían sido pacíficas», explicó Bassa. Nueve horas duró la sesión.