Desde Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid se encargó en 2018 un informe a Asesoría Jurídica y la Secretaría del Pleno para investigar la vinculación de la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, con la sociedad patrimonial Iuriscontencia, empresa que creó en 2007 junto a su marido, Antonio Suárez-Valdés. Tal y como contó ABC el martes, en este documento interno se concluía que ocultó el cargo de administradora solidaria hasta marzo de 2018 y que la omisión de esta información podía incurrir en una sanción interpuesta por la alcaldesa, Manuela Carmena, o incluso el traslado del caso a la Fiscalía por si era constitutivo de un delito.
Pero lo que realmente deja en evidencia a Villacís y su versión de que rompió con la entidad completamente en 2011 es que la Corporación constata que ejerció como letrada en los años 2013 y 2014 con relación profesional con el bufete Suarez Valdés, que comparte local y CIF con la citada mercantil.
El informe interno de 15 páginas al que ha tenido acceso ABC relata tres casos posteriores a 2011 donde figura el nombre de la candidata de Cs a la Alcaldía de Madrid. Uno de ellos hace referencia a la sentencia que dictó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 15 de Madrid el 23 de julio de 2014. Se trataba de un recurso de un particular contra un Ayuntamiento a propósito de un embargo por impago de una liquidación del impuesto sobre Incrementodel Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Por otro lado, el Consistorio comprobó que en la web de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) aparecía una entrada 6 de febrero de 2014 a propósito de la condena al Ministerio de Defensa al pago del 25% de la paga extra de Navidad del año 2012. Se alude al gabinete Suárez Valdés porque llevó un importante número de recursos contencioso-administrativos y se organiza por dicho despacho la futura solicitud de extensión de efectos de sentencia, explicando que han de otorgarse poderes generales para pleitos a favor de distintos letrados, entre ellos, Villacís.
Reconoce que colaboró después
El 25 de febrero de 2013 aparece una publicación en la revista digital de suboficiales de la Guardia Civil, LaPauta.es, en relación a la reclamación de las retenciones de IRPF al personal del a Guardia Civil, donde el despacho de abogados identifica a Villacís como responsable del Área Fiscal del Gabinete Suárez-Valdés.
La portavoz de Ciudadanos reconoció este miércoles, como recogió EP, que colaboró «de forma puntual» como letrada en Iuriscontencia tras su supuesto cese en 2011 -ya que no lo eleva a público hasta el 26 de marzo de 2018-.
Gabinete de Alcaldía solicitó el informe de Villacís a raíz de que el digital El Salto publicara en marzo de 2018 que mantenía el cargo de administradora solidaria en la empresa mientras su esposo representaba legalmente al sindicato policial Unión de Policías Municipales (UPM) para iniciar un proceso penal contra la edil de Ahora Madrid, Rommy Arce, lo que podía incurrir en conflicto de intereses.
En entredicho
La edil utilizó Iuriscontencia para comprar en julio de 2008 una parcela de 2.000 metros cuadrados en una zona residencial del municipio madrileño de Villanueva de la Cañada. La sociedad edificó allí una vivienda de 667 metros cuadrados y declaró la obra nueva en el año 2012, según refleja la documentación del Catastro.
En abril de 2016, con Villacís en el Ayuntamiento de Madrid y en la empresa simultáneamente, Iuriscontencia adquirió dos inmuebles más en la capital, en el barrio de Argüelles: una oficina de dos plantas de 176 metros cuadrados y una plaza de garaje en el mismo edificio.
El valor de mercado de los tres inmuebles a nombre de la sociedad ronda los dos millones de euros. Casas similares a la de Villanueva de la Cañada se venden en el mercado por más de 1,5 millones (su valor catastral es de 519.000 euros), mientras que la oficina y el garaje no bajan de 500.000 euros. La sociedad los tiene contabilizados en sus activos en menos de 900.000 euros, pero este no es el valor real, sino el contable, y después de aplicar las amortizaciones anuales. Todo este patrimonio lo ocutó a los madrileños incumpliendo la legislación.
