Rull niega «autoridad moral» al TC para justificar el golpe independentista
Como un libro abierto ha expresado Josep Rull en el juicio al «procés». Tanto, que si alguien tenía alguna duda sobre el motivo por el que los líderes independentistas despreciaron las sentencias y advertencias del Tribunal Constitucional relacionadas con el referéndum ilegal, el exconsejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat las despejó todas: «Carece de autoridad moral por haberse dejado instrumentalizar por el Gobierno».
En la que fue la mejor defensa jurídica hasta el momento por parte del propio acusado -la del letrado siempre se presume-, Rull al menos se ha esforzado por rebatir con mayor o menor éxito cada uno de los hechos delictivos que le atribuyen. Aunque lo hiciera sobre la base de leyes internacionales y doctrina del Tribunal Constitucional de Canadá que poco pueden ayudarle en este caso. Tanto se creció ante la Sala que se arrogó la potestad de declarar la pertinencia o impertinencia de las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, y reconoció sin ningún tapujo que la Generalitat de Cataluña no puede renunciar a contar «su relato político» en el exterior.
A Rull le sucedió Dolors Bassa, cuya templada declaración se puede encuadrar en el género del realismo mágico. La antigua consejera catalana admitió que el referéndum ilegal del 1-O no era «un acto concluyente para la independencia», sino un paso más para forzar una «negociación» con el Gobierno central. Una dosis de realismo para las tesis de los doce dirigentes secesionistas juzgados en el Tribunal Supremo. «La prueba es que estamos aquí y no hay independencia», expresó.
Pero aportó una explicación fantasiosa al rechazar que todas las actividades celebradas en los centros cívicos de Cataluña las horas previas a la votación ilegal -juegos de mesa, bailes de ancianos, concursos de ajedrez, que se programaron hasta las seis de la mañana- buscasen evitar el cierre de estos recintos por la policía. «La ciudadanía estaba haciendo actividades», dijo al admitir que no fue normal. Esos centros dependían de su consejería.
También han declarado los exconsejeros Meritxell Borràs y Carles Mundó, dos de los eslabones menores en el «procés», que, junto con Santi Vila, no están acusados de rebelión. La jornada aún no ha finalizado.
La quinta sesión del juicio del «procés» ha estado marcada por lugares comunes. Rull, como los demás, sostuvo que los partidos independentistas han concurrido a las elecciones con programas que no han sido impugnados; que el 80 por ciento de los ciudadanos son partidarios de que su futuro se decida en las urnas; que hasta el último momento se intentó un referéndum pactado; que siempre se actuó con el convencimiento de que votar el 1-O no constituía un delito (porque la convocatoria de un referéndum llevaba despenalizada desde 2005); que el «govern» y el Parlamento catalán se limitaron a cumplir la voluntad del pueblo catalán, y que jamás vio una violencia como la que ejercieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el 1 de octubre de 2017, el día de la votación. Pero cuando se le preguntó por cuestiones como los llamamientos a la insurrección o el atropello con el que se aprobaron las leyes de la ruptura -con nocturnidad, sin opción de enmiendas, sin firmas y obviando los informes de los letrados del Parlament-, su discurso hizo agua.
Como Turull el día anterior, Rull también dijo sentirse protegido por el manto de la inviolabilidad parlamentario. Aseguró que todo lo aprobado respondía «a la movilización y voluntad de la gente, que es la que plantea a las organizaciones y partidos la canalización de sus emociones». «El sistema tiene que ser capaz de reflejar las aspiraciones del pueblo (…), ponderar la legitimidad, el imperio de la ley y el principio democrático». La teoría del «mandato democrático», colocado por encima de todas las cosas.
El exconsejero aludió al incremento de partidas presupuestarias de la Generalitat en el exterior y a las destinadas al referéndum ilegal. Sobre las primeras defendió que el «govern» no podía renunciar «a contar un relato político, a que se conozca la realidad de Cataluña» en el extranjero. Sobre la segunda cuestión apuntó que sería «imprudente» no tener «una partida», para estar preparados si se conseguía un referéndum pactado. Bassa apoyó esa tesis, al defender que las leyes que preveían el escenario de transición a la secesión se sacaron adelante por si alcanzaban un acuerdo con el Gobierno, una opción que no estuvo cerca.
Actuación policial
Esforzándose en repartir las culpas, Rull achacó parte de la responsabilidad a la juez del Tribunal de Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas, la magistrada que ordenó incautar las urnas e impedir la votación ilegal. Según Rull, el «govern» recurrió la decisión de la juez y ella no resolvió el recurso. «Ante la falta de respuesta, interpretamos que aquello que había ocurrido el 9-N, y el planteamiento sensato de la Fiscalía en términos de bienes y males, podía hacerse el 1-O», explicó en alusión a la votación del 9 de noviembre de 2014, una consulta ilegal que no se sustentó en leyes rupturistas y que no condujo a una declaración unilateral de independencia.
Rull «se olvidó» de que la Fiscalía de Cataluña ordenó expresamente a los cuerpos policiales impedir el 1-O.
Sobre el referéndum ilegal, el antiguo consejero catalán cargó las tintas en la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que se vieron obligadas a intervenir ante la inactividad de los Mossos d’Esquadra. «Jamás hubiera imaginado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplegarían el nivel de violencia que desplegaron ante gente pacífica, jóvenes, abuelos, abuelas», aseguró Rull.
Especialmente exhaustivo fue Rull para explicar por qué se denegó el permiso al buque que alojaba a los guardias civiles -conocido como Piolín- en el puerto de Palamós. Alegó que no se tramitó a través del procedimiento adecuado (ni el ordinario ni el previsto para «los buques de Estado) y que la «operativa comercial» del puerto de Palamós impedía su entrada, por la alta ocupación de un muelle con un gran tránsito de cruceros, «la joya de la corona». Aportó numerosos detalles técnicos para relatar la secuencia del buque, que terminó atracando en Barcelona.
Al negar de forma tajante la malversación, con Rull coincidió Bassa, que describió como «imposible de esquivar» el control que impuso Hacienda sobre las finanzas de la Generalitat.
La antigua consejera de Trabajo y Asuntos Sociales -que también se enfrenta a 16 años de prisión por los delitos de rebelión y malversación- colocó una línea en la suspensión de la ley de referéndum por parte del Constitucional. Según ella, desde ese día ya no hizo «absolutamente nada» para impulsar la celebración del 1-O. Rozando lo ridículo, Bassa defendió que entendió los acontecimientos del otoño caliente de 2017, el culmen del «procés», como un «conflicto competencial jurídico» más, como tantos otros entre el Ejecutivo central y una autonomía. «No se materializó ningún acto» tras dicha suspensión insistió, aunque rehusó contestar cuando la abogada del Estado le preguntó cómo pensaba que se realizaría entonces la votación. «El pensamiento es libre», manifestó.
Zaragoza, de nuevo brillante
Pocas sorpresas aportaron las declaraciones de Borràs y Mundó, en el que sólo el incisivo interrogatorio de Javier Zaragoza al exconsejero de Justicia puso emoción a una jornada maratoniana. Borràs descargó la responsabilidad del acuerdo de gobierno en el que se preveía gasto público para el referéndum en el presidente (Puigdemont) -«mi firma no era necesaria», dijo-, mientras que Mundó se escudó en que no era «su competencia» interpelar a sus compañeros para frenar el 1-O.