Acuerdo de pensiones y reforma laboral, antes del 26 de mayo
-El Gobierno de Pedro Sánchez es consciente de los problemas que le acechan por su escasa fuerza parlamentaria y por la debilidad de la mayoría que le llevó a La Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Para superar estos escenarios negativos y llegar a las elecciones del 26 de mayo con un programa solvente, está dispuesto a mantener la iniciativa política en materia social. Pedro Sánchez ha anunciado que presentará en breve una Agenda del Cambio, un programa económico de carácter socialdemócrata y liberal progresista, que va más allá de esta legislatura, y un programa social que se inició con la aprobación del salario mínimo, acuerdo sobre autónomos y aumento de las pensiones.
Por este motivo, en estos días el Gobierno ha intensificado las negociaciones con UGT, CC OO, CEOE y CEPYME con el objetivo de intentar alcanzar un principio de acuerdo en materia de reforma laboral y reforma de pensiones. El acuerdo, sin embargo, será de mínimos, porque «hay que ser consciente de que no hay consenso suficiente porque no hay una mayoría parlamentaria que haga posible una amplia reforma», apuntan fuentes de la negociación. Mientras, otras fuentes coinciden y apuntan que será «una reforma descafeinada», aunque sentará «una base sólida de futuro». Para lograr esta mayoría, el Gobierno socialista mantiene una negociación dual: con las fuerzas sociales y parlamentarias.
La negociación de la Reforma Laboral se sustenta en el acercamiento que «se había producido entre los agentes sociales y la ministra Fátima Báñez», apuntan los negociadores. Para los sindicatos, los acuerdos «no son los deseables» e instan al Ejecutivo a «tirar para adelante» en una mayor profundidad de las reformas aunque definen alcanzar un acuerdo de mayor trascendencia como «casi imposible, por la actitud de la CEOE».
Según ha podido saber LA RAZÓN, se modificará el artículo 42, el cual define la supremacía del convenio sectorial sobre el de empresa y la definición de la actividad principal de la empresa, como elemento fundamental para luchas contra la subcontratación desmedida.
Sobre este punto hay diferencias formales que «se pueden subsanar» en la mesa social, y en el Congreso la ministra Magdalena Valerio ha acordado enmiendas transaccionales con diferentes grupos «aunque es la cuadratura del círculo poner de acuerdo a Podemos, PP, Ciudadanos y nacionalistas».
También se está negociando, con reticencias de la CEOE, la derogación de la ultraactividad, que evitaría que un convenio decaiga una vez finalizada su vigencia por la falta de acuerdo entre las partes, y el control horario. Para los sindicatos, el control horario es «fundamental para luchar contra el fraude a la Seguridad Social, porque no se cotizan las horas extras, a los trabajadores que hacen estas horas sin cobrarlas y contra el dumping de las empresas que no cumplen con sus obligaciones frente a las que sí cumplen». Sin embargo, la CEOE considera esta medida «como un sistema arcaico».
Las dificultades de la negociación se plasman en una nueva regulación de los Expedientes de Regulación. Ni la supresión de la autorización administrativa previa ni el cambio de condiciones de trabajo que puede aplicar la empresa de forma unilateral, tienen visos de verse modificados. Los negociadores sindicales apuntan que «seguirán siendo los tribunales los que adopten decisiones porque ahora este acuerdo es imposible porque la patronal se ha enrocado y el gobierno no tiene mayorías suficientes».
Las negociaciones sobre pensiones avanzan en paralelo a las que se están produciendo en el marco del Pacto de Toledo. El gobierno y las fuerzas sociales han tomado como base la reforma del sistema de pensiones de 2011 que «fue firmado por empresarios y sindicatos». Los puntos de encuentro se sitúan en la regularización de las pensiones de forma automática con el IPC, la eliminación con cargo a cuotas de los salarios de los trabajadores de la Seguridad Social y sus gastos corrientes porque «es el único organismo del Estado que funciona de esta manera», la eliminación de bonificaciones a la contratación, la inclusión de las pensiones no contributivas en los Presupuestos Generales del Estado y el cálculo de la pensión del trabajador en 35 años. Asimismo, las conversaciones incluyen «el contador a cero» del actual déficit de la Seguridad Social para que sea asumido también en presupuestos –o sea financiado con impuestos– y la derogación del factor de sostenibilidad que se empezaría a aplicar en 2020 y que podría significar la reducción de las pensiones, por la aplicación de un índice que se calcula sobre diversas variables, en hasta un 50% en 2040
Este último es clave en estas negociaciones. Para desbloquear la situación, sobre la mesa se plantea que en el plazo de unos meses –se habla de seis– los negociadores propongan diferentes fórmulas para sustituir al «factor de sostenibilidad». En definitiva, toma cuerpo que las pensiones no sólo se financien con cotizaciones sociales sino también con impuestos para garantizar su viabilidad. Los negociadores apuntan que con estas medidas se podrían ahorrar 15.000 millones anuales.
Las diferencias son ostensibles entre los sindicatos y los empresarios, y también entre los grupos parlamentarios, pero un acuerdo con CEOE, UGT y CC OO permitiría al Ejecutivo sacar pecho y músculo antes las fuerzas políticas, y «continuar con la iniciativa política». Algo más que necesario ante los interrogantes que se ciernen sobre la política española que tiene el 26 de mayo una cita clave para el futuro.