Por si eran pocos los elementos de inestabilidad del sistema, acaba de llegar una sentencia del Supremo que añade emoción al escenario socioeconómico del país.
Vivimos en una sociedad política en la que un «outsider» intenta pactar la política económica con un golpista encarcelado: Presupuestos Generales del Estado negociados en un vis a vis. Una suerte de vicepresidente no oficial se va a ver hoy con un tipo que encabezó un golpe de Estado contra el país que quiere desmembrar para conseguir su apoyo para unas cuentas que elabora un Gobierno al que sostienen proetarras, filocomunistas, independentistas y golpistas varios, todo ello ante la tardía reacción del presidente de ese Gobierno que, superado por la alarma de las informaciones, sobreactúa para dar la impresión de que quien manda es él, cuando todos sabemos que está cogido por la bolsa escrotal por todos los que le pusieron en ese cargo. Vivimos en un Estado a cuyo jefe, prodigio de equilibrio y moderación, llama «hooligan» un racista, supremacista y desequilibrado dirigente regional del que depende, en parte, que las cuentas del Estado que detesta salgan adelante. Todo ello ante la tímida y pacata reacción del jefe del Ejecutivo, experto en plagios varios, que se revela incapaz de resolver la soledad del Rey brindándole apoyo manifiesto y resolutivo. Ignoro cuántos países de nuestro entorno se encuentran en situación semejante, pero me atrevo a calibrar de inaudito el panorama descrito.
Y, por si fuera poco, llega ahora una decisión final del máximo tribunal del sistema que reparte e imparte justicia aclarando algo que puede parecer menor pero que supone todo un seísmo en el sistema bancario español, sujeto, como sabemos a una década de negocio que no ha sido, precisamente, beneficiosa para sus intereses. Corrigiéndose a sí mismo, el Supremo ha decidido que los gastos derivados de la constitución de una hipoteca corresponden al acreedor, es decir, al banco y no al cliente. Una primera observación desprende la sensación de que el TS dice una cosa y la contraria, ya que antes había dictaminado lo opuesto, pero dando por bueno que esta es la decisión definitiva, cabe preguntarse qué consecuencias puede tener para un sector que puede asegurar que el negocio de las hipotecas, entre una cosa y otra, no proporciona demasiadas alegrías. Evidentemente, hacer a los bancos responsables de ese gasto, Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, castiga el margen de beneficios de unas entidades que alegan no obtenerlos de sus hipotecas: si para una entidad no resulta rentable ofrecer préstamos para adquirir viviendas ello repercutirá en los réditos que puedan ofrecer a depositantes de ahorros en una década que ha resultado muy poco beneficiosa para sus intereses, con lo que no sé en qué puede acabar la fiesta. ¿Qué hacer con los ahorros?
Ayer, sin ir más lejos, el batacazo en bolsa fue notable, ya que el atractivo para los inversores resulta descriptible. El aluvión de reclamaciones individuales se presume ciclópeo, con lo que habrá que calcular si no es más rentable invertir en las entidades que van a gestionar esos reclamos, bufetes especializados y tal, antes que en la propia banca, que a decir de sus gestores tiene la fuente de su negocio en operaciones fuera de España. ¿Cómo van a ser las hipotecas a partir de mañana en un país en la que la construcción de viviendas sigue siendo uno de los motores de su crecimiento económico?
No está claro si esta sentencia tiene efectos retroactivos, pero los principales estudiosos del caso dicen que sí. Ello invita a pensar que los bancos estudiarán cómo repercutir esos gastos de una manera o de otra en aquellas personas que mañana quieran dinero para una vivienda, lo que unido a la situación general resulta poco estimulante. Si yo fuera el Gobierno no estaría demasiado eufórico.
