El sector de las VTC pasa al contrataque. Las empresas que operan con licencias de vehículos de turismos con conductor ultiman una avalancha de recursos contra el decreto-ley que aprobó la Generalitat el pasado 29 de enero, que en la práctica condena a plataformas como Uber y Cabify a la precontratación. Una norma por la que estas compañías reclamarán casi 1.300 millones de euros.
Según fuentes del sector, las primeras demandas se presentarán a principios de marzo. Las empresas de VTC consideran que el decreto de la Generalitat es una expropiación encubierta, porque modifica sustancialmente las condiciones con las que se otorgaron estas autorizaciones. De hecho, tanto Uber como Cabify decidieron abandonar Barcelona tras la aprobación definitiva de la norma, que obligaba a precontratar con 15 minutos de antelación los servicios de estas compañías.
La retirada de estas plataformas de la Ciudad Condal llevó a las empresas de VTC presentes en Barcelona a presentar uno de los mayores ERE de la historia de Cataluña. Según los datos de la patronal Unauto, unos 3.500 trabajadores se vieron afectados.
La maquinaria jurídica de las compañías del sector se puso en marcha escasos días después de la aprobación definitiva del real decreto. El proceso, llevado a cabo por una despachos como Garrigues y Muñoz Machado, comienza a dar sus frutos. «Estamos verificando los últimos informes y tenemos previsto acudir a los tribunales en los próximos días. Lo previsible es que el proceso pase en pocos meses al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña», explican desde estas empresas.
Si el recurso fructifica, será la Generalitat y no el Gobierno la que tendrá que hacer frente en solitario a estas reclamaciones. El Govern pretendía que el Estado se hiciera cargo de estas indemnizaciones. Para ello, condicionó su apoyo al decreto que dejaba en manos de las regiones el sector de las VTC a que la iniciativa se aprobara como proyecto de ley. Así podría incluir una enmienda en la que se aclarara que es el Estado el que se hacía cargo de la responsabilidad patrimonial generada por las hipotéticas restricciones al sector. Fuentes parlamentarias, sin embargo, explican que con la convocatoria de elecciones «decae el proceso de enmiendas».
Tampoco está claro el futuro de esta iniciativa. El Partido Popular y Ciudadanos se mostraron muy críticos con la decisión del Ejecutivo de dejar en manos de las comunidades el sector de las VTC. En las últimas semanas, de hecho, han dejado caer que si llegan al Gobierno tumbarán la norma. Las empresas del sector también han llevado este decreto a los tribunales. A finales del año pasado, las empresas de VTC presentaron recursos por valor de 4.000 millones por esta iniciativa. En la práctica, la norma inhabilita miles de autorizaciones de VTC si las comunidades no regulan el sector en un periodo máximo de seis años.
