Imputada la Interventora de la Generalitat que negó el gasto público en el 1-O
En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona cita a declarar para el próximo 24 de julio a Rosa Vidal, junto a Montserrat Vidal, responsable del área de procesos electorales y consultas populares de la Generalitat, y a la secretaria general de Gobernación, Meritxell Masó, entre otros.
El juez ha imputado a la Interventora General después de que ésta contestara a los requerimientos remitidos por Hacienda que en ningún Departamento constaban gastos de preparación o ejecución del referéndum, una afirmación que para el magistrado es contraria a "las más elementales reglas de la lógica".
El papel de Vidal estaba en el punto de mira del juez después de que éste recibiera un anónimo que le instaba a rastrear las autorizaciones de contratos y pagos efectuadas por la investigada y que Hacienda le advirtiera de que la interventora no había respondido a su requerimiento de información de los gastos del Govern para el 1-O.
A esas advertencias se suma un informe de la Guardia Civil que alerta de que la interventora general no activó ningún procedimiento para denunciar un intento fraudulento de la empresa postal Unipost -que supuestamente se iba a encargar de los envíos postales vinculados al 1-O-, para cobrar al menos una factura de 238.965 euros a la Generalitat por gastos vinculados al 1-O.
Para seguir el rastro de los gastos del 1-O, el juez autorizó a la Guardia Civil a acceder al fichero de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) para rastrear las cuentas de los investigados por los preparativos del referéndum.
En un auto en que desestima una vez más los recursos de los investigados contra esa línea de investigación, el juez defiende la necesidad de acudir al SEPBLAC y reprocha a la interventora que pretenda que el material y los gastos de personal vinculados a la consulta se imputen "a ignorados modos de pago, donaciones o contribuciones, ya sea de particulares, de empresas o de instituciones".
Además, añade el juez, si ese fuera el caso, la interventora "debería haber facilitado un listado comprensivo de los donantes y contribuyentes con sus respectivas cuantías".
"Es por ello que no habiéndose facilitado ninguna información justificativa de los gastos generados por la consulta, antes al contrario tratando de impedir el conocimiento de la misma y ante la existencia de evidencias sobre la realidad y del gasto y la utilización de fondos públicos, deba acudirse a otros medios de investigación (...)", sostiene el juez en su auto.
Rosa Vidal figura entre los cargos públicos de la Generalitat a los que el Tribunal Constitucional advirtió, el pasado 13 de septiembre, de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la suspensión del 1-O, según la documentación que el alto tribunal ha remitido al juez instructor.
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