La última baza de Urdangarín para eludir la cárcel no convence en el Supremo

Se trata de una irregularidad judicial ocurrida antes incluso de que saliera a la luz el caso Nóos. Corría el año 2007 cuando el conseller socialista Mateu Cañellas denunció al anterior ejecutivo, liderado por Jaume Matas, por haber gastado 90 millones de euros en construir el velódromo Palma Arena. El presupuesto era de 48 millones.

La Fiscalía anticorrupción, dirigida por Pedro Horrach, comenzó las actuaciones y, meses después, el 26 de agosto de 2008, se querelló contra el ex president balear. Al día siguiente, el caso recayó en el juzgado de instrucción número 3 de Palma, cuyo titular era José Castro. La asignación fue sorprendentemente rápida, en menos de veinticuatro horas.

Un perito no oficial

Hasta ahí, todo el procedimiento era normal. Salvo un detalle previo que se ha conocido después de dictarse sentencia en el último juicio del Palma Arena. El juez Castro, desde que tuvo conocimiento de la denuncia de Cañellas, comenzó a investigar por su cuenta qué había ocurrido en la construcción del Palma Arena.

Según informó el diario El Mundo, el arquitecto Rafael Balaguer empezó a trabajar con Castro como perito antes de que se interpusiera la querella. Existen documentos que acreditan que así lo hizo, al menos desde el mes de julio. Y sobre todo, el propio Balaguer lo ha reconocido en sede judicial, cuando acudió como testigo al juicio de una de las 25 piezas del Palma Arena, celebrado en septiembre.

El arquitecto confirmó que Castro le llamó para investigar el estadio “en los prolegómenos de la querella”, cuando aún no había sido nombrado oficialmente perito judicial, sino de manera informal. Aseguró que se celebraron varias reuniones entre Castro, Horrach y él mismo, sin que nadie más tuviera conocimiento de las mismas.

Derecho a un juez predeterminado por ley

Las pesquisas de Castro previas a la querella podrían entenderse como muestra de diligencia profesional, pero lo cierto es que la defensa de Jaume Matas las utilizó en su contra ante la Audiencia de Palma en el último juicio del Palma Arena por presunta vulneración de un derecho fundamental.

Se trata del derecho a un juez predeterminado por ley, que recoge la Constitución en su artículo 24. Ciñéndose a la norma, un magistrado no puede iniciar investigaciones por su cuenta, antes de que le sea asignado un caso concreto.

Es decir, el hecho de que Castro iniciara las pesquisas antes de que existiera una querella contra Matas podría acarrear la nulidad de las actuaciones posteriores. Entre ellas, el caso Nóos, que es una pieza más del caso Palma Arena: la número 25.

Qué piensan en el Supremo

Este argumento podría ser utilizado por la defensa de Iñaki Urdangarín en la vista que se celebra hoy en el Supremo. No es necesario que estén presentes los condenados, sólo sus representantes. El abogado del cuñado del Rey, Mario Pascual, acudirá a la sede del TS junto al resto de letrados y se unirá al argumento de Matas.

Los magistrados de la Sala Segunda encargados del recurso son Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Miguel Colmenero y Juan Ramón Berdugo. Los cinco escucharán los argumentos de las defensas y de la Fiscalía y, a partir de entonces, estudiarán los recursos. Se calcula que tardarán uno o dos meses en dictar el fallo definitivo.

Según ha podido saber El Confidencial Digital, la última baza en poder de Urdangarín para librarse de la cárcel no convence en el Supremo, al menos tras un primer análisis del caso.

La maniobra jurídica no es nueva, ya que el propio Matas ya la ha utilizado ante la Audiencia de Palma. Pero el tribunal rechazó entonces este argumento, descartando la nulidad de las actuaciones por las reuniones entre Castro y Balaguer antes de que existiera la querella. Sólo calificó estos hechos de “criticables”.

ECD ha podido confirmar que la argumentación de Urdangarín no convence a varios magistrados del Supremo precisamente por este motivo: haber sido objeto de estudio por otro tribunal que lo ha descartado.

No consta en los recursos

Además, fuentes cercanas al caso afirman a este confidencial que el Supremo no tiene constancia de que ninguna defensa haya utilizado este argumento, ya que no consta en los recursos que han presentado y que son los escritos que estudiarán los magistrados que dictarán sentencia.

Tampoco descartan a este confidencial que tras la vista, los jueces cambien de parecer y acerquen su postura a la de Urdangarín y Matas. En todo caso, habrá que esperar unos días, cuando los encargados del caso hayan comenzado a estudiar los escritos.

Sobre Urdangarín sobrevuela una condena de seis años de cárcel por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos fiscales. La Fiscalía ha solicitado al Supremo elevar la pena hasta los diez años y la defensa, la absolución. De ser aceptada esta última baza que le queda al cuñado del Rey, los imputados del caso Nóos podrían quedar libres por anulación de las actuaciones.