Un país averiado
El pasado jueves se conocieron cinco nuevas sentencias del Tribunal Superior de Cataluña dando la razón a padres que habían reclamado el derecho de sus hijos a ser educados con el español como lengua vehicular (un 25% del total de clases). Nada nuevo. Desde hace años se acumula la jurisprudencia en ese sentido, pero no ha servido para que se cumpla la ley en Cataluña. Simplemente el poder nacionalista -e incluyo al PSC- se fuma esos fallos sin que nada suceda. Es decir, de manera tácita el Estado ha aceptado que en una región de España toca tragar y permitir que se vulnere la ley, no vaya a ser...
Ayer este periódico publicó una excelente entrevista de Juan Fernández-Miranda y Mariano Calleja con el ministro portavoz, que ostenta también la cartera de Educación. Méndez de Vigo respondía con su habitual elegancia y corrección, pero el corolario que se extraía de la conversación resultaba desolador. Con buenas palabras, al final venía a reconocer que a día de hoy el Gobierno no sabe qué hacer para que se respete en Cataluña el derecho de los padres a educar a sus hijos en castellano. Resumen dramático: vivimos en un país donde el Ejecutivo de la nación asume que no tiene ni idea de cómo embridar a un Gobierno autonómico que se burla por sistema de las normas que nos obligan a todos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo hemos caído en tal degradación del Estado? Pues sucede lo que ya sabemos: vivimos en un país extraordinario, sí, pero institucionalmente averiado, porque el desarrollo federal se hizo de manera chapucera, a tirones, sin un patrón claro y siempre mortificados por la interesada deslealtad de los nacionalismos catalán y vasco (y del gallego, aunque allí se han mostrado más cabales y hace tiempo que han dicho nanay en las urnas al ombliguismo xenófobo).
A raíz del golpe de octubre, la sociedad española se desperezó y hubo un reafirmamiento patriótico. Todas esas personas que sacaron la bandera a sus ventanas sabían muy bien lo que querían: más Estado y más respeto a la nación de todos y a sus leyes. Pero por ahora no existe partido que dé respuesta a tal anhelo (el primero que lo haga sorprenderá en las urnas). Padecemos un acomplejamiento perenne ante el separatismo, una ideología retrógrada y execrable, pues su argumento medular es que unas personas son superiores a otras. El PSC, un partido nacionalista más, ¡ha tardado 39 años en instalar una bandera española en la sala de sus comités! El separatismo está crecido de nuevo, como denotan sus provocaciones en el Parlamento catalán. Continúan abogando abiertamente desde la Cámara por crear una república que rompa España y proponen a golpistas como presidentes, choteándose de la ley y de la lógica. Pero PP, PSOE y Ciudadanos ni se plantean hacer lo que harían sus pares de cualquier democracia del mundo ante un envite así: prolongar de manera indefinida el 155 hasta que existan plenas garantías de cumplimiento de la ley -la española, no la de Marte- y de lealtad institucional. No lo veremos. Entre nuestros partidos constitucionalistas lo que se estila es aquel viejo refrán gallego: «Nos mean encima y tenemos que decir que llueve». Resultado: un país averiado.